La caída de Scapolán

 

Un triunfo del fiscal Fernando Domínguez. Lo primero que dejó la esperada destitución de Claudio Scapolán, adelantada el domingo pasado por El Cohete, es la sensación de que no todo está perdido en la embestida contra la corrupción institucional. Y, a la vez, un soplo de alivio para la fiscalía federal de San Isidro que, conducida por Domínguez, encabezó una salomónica tarea: la de desmontar un sistema de alta complejidad de delitos, liderado por un personaje que parecía intocable. Scapolán supo estar refugiado en el amplio blindaje político que fue de Sergio Massa –que lo cobijó en sus agraciados tiempos de Tigre y alrededores– a Cristian Ritondo, acusado de ser el principal artífice de la recusación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien denunció nexos como el de Marcelo D’Angelo (a la postre abogado de Scapolán y asesor de Ritondo).

Ha caído Claudio Scapolán, otrora niño mimado de la Justicia Federal. Para quienes conocieron de cerca la trama de su lento –pero inexorable– declive, desde que empezó a ser investigado en 2016, constituye una enorme novedad y sienta un histórico precedente: no es cosa de todos los días que un alto funcionario judicial relacionado a las mafias bonaerenses de las drogas sea expulsado de los tribunales por un jury de enjuiciamiento.

Algo que, sin embargo, apenas ocupó los debates actuales de la política, concentrados en las altas dosis de rosca y entramados de nombres e internas del armado pre-electoral. No existieron, aún, declaraciones públicas del Presidente Alberto Fernández ni del gobernador Axel Kicillof, ni de otros grandes funcionarios. ¿Todo resulta más importante que el derrumbe de un fiscal que desde los riñones del propio Estado configuró por años una mega banda tan poderosa que fue capaz de robarle al narcotráfico para revender la mercadería en millonarios negocios?

El Cohete a la Luna, que fue uno de los pocos medios a nivel nacional que durante buen tiempo le dedicó un seguimiento a un caso que salpicó por entero a la Justicia, la política, la fuerza pública y el narcotráfico, analiza en diez puntos las consecuencias de su caída y los posibles escenarios judiciales que se abren.

 

• “Cuando la Justicia investiga a la propia Justicia, es imposible hacerlo sin un respaldo institucional”, suelta un especialista del caso, avalando la hipótesis que lleva a pensar que Scapolán empezó a desvanecerse cuando el procurador Julio Conte Grand le soltó la mano. El Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires, en efecto, fue infalible en su fallo: Scapolán quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos y dejará de percibir su sueldo. “¿Han sido probados los hechos y la autoría en que se fundan la acusación?”; “¿Procede disponer la destitución del acusado y su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial?”, fueron las preguntas fundamentales que el Jurado se respondió afirmativamente durante las audiencias, en el breve proceso del jury. Sofía Vannelli, senadora del Frente Renovador-Todos, fue la única que votó en contra. No hubo ninguna casualidad: obedeció la orden de mando de su jefe.

 

• “Se hizo justicia”, comunicó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en la causa penal y veedora de las audiencias del jury. “La democracia no puede tolerar la connivencia de sectores del Poder Judicial con las tramas del delito organizado”, ampliaron. La CPM amparó la investigación del fiscal Fernando Domínguez, quien fue más allá de simples negligencias e irregularidades cometidas por Scapolán: puso en el centro de la escena su participación en una asociación ilícita –integrada por policías bonaerenses, abogados, informantes y secretarios de la fiscalía– que entre 2013 y 2015 se dedicó al armado de causas, la extorsión y la comercialización de estupefacientes, entre otros delitos. El jury de enjuiciamiento dio por probados esos ilícitos.

 

• En relación con los devenires de la causa judicial, nadie puede augurar los próximos movimientos. Mientras tanto, si bien la Cámara Federal de San Martín le dictó la falta de mérito por los delitos vinculados al narcotráfico, el ahora ex fiscal Claudio Scapolan sigue siendo investigado por su participación en esa organización criminal destinada a la extorsión, robo y comercialización de estupefacientes y está actualmente procesado por falsedad ideológica de instrumento público. Lo que pretende el fiscal Domínguez es, sin embargo, que se lo procese por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que resta resolver es un recurso de queja presentado por la CPM ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la escandalosa falta de mérito dictada en sede de San Martín. ¿Serán los supremos receptivos a la gravedad institucional que implicó la destitución de un fiscal o harán oídos sordos a semejante fallo?

 

• El veredicto descartó de plano la existencia de un complot contra Claudio Scapolán, tal como surgió en algunas operaciones de prensa y desde el propio entorno cercano al ahora ex fiscal. Ganar tiempo, buscar viejos colegas que lo apoyen y distraer la pesquisa hacia el lobby en pasillos judiciales y mediáticos se habían convertido en hábiles destrezas de Scapolán. “La versión del complot siempre fue uno de los grandes disparates del caso, ya que para validarla habría que comprobar lo incomprobable: que desde la primera denuncia realizada por la entonces legisladora Elisa Carrió en 2016, existió una confabulación que llegó a articular personajes que ni siquiera se cruzaron en sus acciones”, explica el especialista del caso. En ese marco, la embestida de Scapolán contra el fiscal Domínguez incluyó denunciarlo como encubridor de bandas y, a través de una carambola, asociarlo a la figura de Carrió, con quien no tuvo ni tiene relación alguna. Por el contrario, Domínguez lleva más dos décadas investigando a las bandas y las estructuras policiales y judiciales y territoriales de la provincia de Buenos Aires que las sostuvieron. Fue uno de los que descubrió a los autores del crimen de dos paramilitares colombianos en el primer gran caso de características narco en el shopping Unicenter de Martínez en 2008, y acusó por el encubrimiento al entonces fiscal general de San Isidro, Julio Novo –padrino político de Scapolán– y a su estructura de secretarios.

 

• La destitución de un fiscal, lo saben en Comodoro Py y en los altos estamentos del Poder Judicial, significa un acto de enorme peso: ya nadie podrá actuar bajo tal impunidad a la hora de incurrir en altos hechos de gravedad institucional. Previamente narco y protegido, Scapolán pasó de no presentarse a las citaciones judiciales a tener que poner la cara y desacreditar la investigación en su contra con insólitos argumentos en el jury. Así, la Justicia provincial cumplió con la certeza de tener frente a sí misma la oportunidad de sancionar una infamia, la de Scapolán, sistematizada por años. ¿Se derribará junto a Scapolán un castillo de naipes, hasta el último peón del sistema?

 

• “Fue tal el peso de la prueba acumulada contra Scapolán que se hizo inocultable para el Jurado”, acota el especialista. Allí, en el detalle de las evidencias que pusieron al ex fiscal por acción u omisión en el corazón de una banda mafiosa, se acabó la especulación.

 

• En las operaciones de prensa contra el fiscal Fernando Domínguez y la jueza Sandra Arroyo Salgado había un patrón: impactar en víctimas y testigos. Nadie puede declarar sin sentir miedo, sin sentir el aire denso y podrido que se respira. “No es sólo una operación de prensa para boicotear un caso, sino que tiene un impacto institucional y territorial descomunales”, acota el especialista. Para la pericia judicial, no hay dudas: Scapolán fue el jefe de una estructura mafiosa y extorsiva de narcocriminalidad, novedosa por sus alcances, con redes de ilegalidad que tocan nervios del sistema democrático. Para derribar a Scapolán, en rigor, se debe poner en cuestionamiento todo un statu quo perverso y capilar.

 

• ¿Cuándo será el momento en que los máximos responsables de los ministerios de Seguridad y Justicia bonaerenses salgan a celebrar el jury y condenen, en efecto, a los policías y funcionarios judiciales comprometidos en el caso?

 

• El expediente terminará antes de fin de año en un juicio oral y público que, se supone, deparará nuevos movimientos. En la causa hay más de cincuenta personas procesadas: seis tienen jerarquía policial y además están los secretarios de Scapolán. Cinco personas que habrían integrado la banda de Scapolán siguen prófugas. Hoy, el fiscal Domínguez pidió el juicio a cerca de treinta y pico de personas, quienes cuentan con procesamiento firme. Pero sin el cabecilla del grupo, todo quedará en un limbo difícil de revertirse. En el juicio, la idea de los investigadores es poner a Scapolán en el centro de la escena y que, a partir de allí, resulte indispensable indagarlo por los diez delitos.

 

• Antes sólo se liberaban zonas. Hoy, en la enredada trama del tráfico de drogas, se interrumpen las cadenas de tráfico: las bandas se quedan con una porción alta de cocaína y la otra se suele blanquear como un mega-operativo exitoso en la lucha contra el narcotráfico, como hacía Scapolán. “Si no se actúa de forma urgente, el poder político sigue siendo rehén de esas bandas que con los años logran cada vez mayor autonomía en un complejo entramado de narcocriminalidad, que incluye la participación impune de operadores judiciales, policiales y de varias fuerzas de seguridad”, concluye un investigador especialista en la pesquisa.

 

 

 

 

 

 

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