La crueldad naturalizada

Según la Comisión por la Memoria bonaerense hay más presos, torturas y muertes en comisarías

Por Juan Manuel Mannarino
Alcaidía de Florencio Varela, inaugurada en 2021. Construir más cárceles sólo eleva el piso de encarcelamientos, advierte la CPM.

 

Daiana Soledad Abregú fue hallada sin vida en 2022 en una comisaría de la ciudad bonaerense de Laprida. Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la joven fue asesinada y su homicidio se quiso hacer pasar como suicidio. En línea con lo planteado por Amnistía Argentina –que tomó el caso para denunciar las falencias en la determinación de los hechos y el curso de las investigaciones–, en el crimen de Daiana se organizó una gran cantidad de acciones y omisiones delictivas de parte de policías y una cobertura importante del Ministerio de Seguridad provincial y el fiscal interviniente, “que no llevó a cabo una investigación adecuada, eficaz y diligente, respetuosa de estándares internacionales previstos por organismos especializados”.

 

Así, para la CPM, su caso ha sido uno de los tantos de violencia institucional de los últimos años en territorio bonaerense, donde “la política criminal ha sido la herramienta utilizada por los diferentes gobiernos provinciales para el gobierno o control de las poblaciones más pobres o vulneradas”, según el organismo que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos. En ese sentido, la CPM recuerda que la provincia de Buenos Aires continúa incumpliendo con el fallo Verbitsky, dictado en 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ordenó el cese del agravamiento de las condiciones de detención instruyendo a los tribunales provinciales y prohibiendo las detenciones de personas en comisarías bonaerenses.

Aumentó la población carcelaria, persiste la tortura en democracia y siguen las muertes en comisarías. Esos fueron los puntos salientes del informe anual El sistema de la crueldad XVII, en el que la CPM también señala que la política criminal se agravó en la continuidad de graves vulneraciones de derechos de niños y niñas. El dato auspicioso, para nada menor en relación a las fuerzas de seguridad, es la disminución de la letalidad policial, que bajó un 31%, así como se advierten algunos avances en las políticas de salud mental: disminuyó un 9% la cantidad de personas internadas y se destacan algunos avances en la elaboración de recursos, pautas y guías de abordaje; la constitución de mesas intersectoriales y la presentación de un registro único provincial de establecimientos de salud.

El informe, que se repite todos los años y es ya es un clásico de los derechos humanos, pone el foco en Buenos Aires: un monitoreo cuantitativo y cualitativo sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñez. A pocos meses de que se cumplan 40 años de democracia ininterrumpida, la CPM remarca una profunda revisión de las deudas pendientes en materia de derechos humanos, algo no solamente relacionado con las políticas de memoria histórica. En ese punto, se enfatiza algo insoslayable: la tortura no es compatible con ningún sistema democrático. “El recuerdo del horror no garantiza la no repetición: sólo se logrará si se conecta con los horrores presentes, si muestra lo que no quiere verse, si hace escuchar las voces negadas de las víctimas actuales”, precisó Roberto Cipriano, secretario ejecutivo de la CPM.

“El fortalecimiento del estado penal, que gobierna a los que excluye por medio de la política criminal, es transversal a todos los gobiernos desde hace más de 25 años, más allá de algunos esfuerzos para transformarlo que no tuvieron continuidad. De ello damos cuenta año a año en nuestros Informes Anuales y lo reiteramos como una de las deudas pendientes más gravosas de nuestra democracia”, se escribe en la introducción del informe, alertando sobre la emergencia de los discursos anti-derechos con su componente negacionista sobre los crímenes de lesa humanidad.

¿Por qué se ha llegado a esa realidad tan acuciante? “Todo eso es resultado también de una democracia que legaliza la desigualdad, tolera y naturaliza la pobreza e indigencia, estigmatiza a los más vulnerados señalándolos como sospechosos, como se evidencia en la selectividad del sistema penal que patrulla a los pobres, los captura y los encierra como técnica de control y disciplinamiento”, se lee en otra parte del informe. No es en la construcción de más cárceles que se encuentra la solución: está demostrado que no mejora las condiciones de detención sino que, por el contrario, eleva el piso de encarcelamiento. La ocupación, dice el organismo, siempre supera la capacidad.

 

Portada del informe de la Comisión por la Memoria.

 

La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, vuelve a detectar que la matriz ideológica de la mano dura coincide con un punitivismo selecto que “no cuestiona los grandes delitos de los poderosos”. Y coloca sobre la mesa algunas estadísticas: los malos tratos y torturas a los presos persisten, con 9.370 causas armadas; la cantidad de personas detenidas en el sistema penal bonaerense aumentó de 54.107 en 2021 a 55.621 en 2022, llevando la tasa de encarcelamiento provincial de 306 a 311 detenidos cada 100.000 habitantes, lo que duplica la tasa mundial de prisionización de 152 personas cada 100.000 habitantes. A su vez, en cárceles y alcaidías pasó de 46.456 a 48.046, en monitoreo electrónico de 3.206 a 3.627 y en comisarías bajó de 4.445 a 3.948.

Ninguno de los ministerios de Seguridad pública cuenta con información consolidada ni elabora informes analíticos o programas que aborden la cuestión, de acuerdo al trabajo registrado por la CPM. Otras conclusiones del informe son las siguientes:

  • Los casos registrados de uso letal de la fuerza en la provincia de Buenos Aires bajaron de 130 a 90 entre 2021 y 2022, 40 casos menos que implican una baja sustancial del 31%.
  • Una muestra de que las detenciones policiales son para controlar los territorios más pobres habitados por los jóvenes morochos, que representan el estigma del delincuente construido como imaginario social, es que durante 2022 la policía aprehendió 222.145 personas de las cuales apenas 38.179 (17%) fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito y, de éstas, sólo 18.920 (8%) ingresaron al Servicio Penitenciario Bonaerense con prisión preventiva o fueron condenadas por acreditarse en términos judiciales esa imputación. Estos porcentajes bajos dan cuenta de que las detenciones no tienen por finalidad reprimir el delito sino gobernar ciertos territorios.
  • Las detenciones siguen sin cumplir con las salvaguardias legales y procesales (brindar información sobre derechos, un examen médico independiente, notificar a un tercero la detención y acceder a una defensa técnica), herramientas indispensables para la prevención y lucha contra la tortura. La detención de personas durante uno o varios días en comisarías contribuye a las condiciones inhumanas de detención y hacinamiento extremo que persisten en estos lugares: a diciembre de 2022, en 1.265 camastros se alojaban 3.948 personas, lo que representaba un 212% de sobrepoblación. Estos valores representan una baja con relación a 2021 (232%), pero en mayo de 2023 ascendieron nuevamente a 238%.
  • El despliegue policial en el territorio se caracteriza por la práctica sistemática de la tortura y los malos tratos. La CPM intervino el año pasado en 502 casos que implicaron 982 prácticas ilegales. También se relevaron prácticas extendidas de corrupción. Este organismo registró y denunció 75 casos que involucran a 154 efectivos de las fuerzas de seguridad en 32 municipios. Los delitos cometidos fueron: narcocriminalidad, extorsión, robos, hurtos, secuestros extorsivos, encubrimiento, uso de autos robados, facilitación de fugas, exacciones ilegales, venta de espacios y bienes a personas detenidas en dependencias policiales, irregularidades en cobro de horas extras, allanamientos ilegales, tareas de inteligencia ilegal, fraguado o armado de causas, falsificación de documentos públicos y liberación de zonas.
  • Mientras que la población de la provincia de Buenos Aires creció un 11% en los últimos 10 años, la cantidad de personas detenidas aumentó un 93%.
  • Las distintas gestiones de gobierno provincial desde 1999 han asumido la política criminal vigente como la única posible. En este punto no están dispuestas a generar ningún debate sobre la irracionalidad de la política criminal ni a cambiarla, pese a que en mesas de diálogo o reuniones lo reconocen y asumen sus efectos. La provincia de Buenos Aires repite estrategias, errores y fracasos para resolver la sobrepoblación y hacinamiento en cárceles y comisarías. En los últimos 18 años tres ministros de Justicia abordaron el problema desde la misma óptica.
  • Del total de hechos relevados de violaciones de derechos humanos, 32.023 (71%) corresponden a torturas y malos tratos: aislamiento, requisas violentas y vejatorias, afectación del vínculo familiar, malas condiciones materiales de alojamiento, agresiones físicas, traslados constantes o gravosos, agresión verbal o psicológica, falta o deficiente asistencia de la salud, robo de pertenencias.
  • En la cárcel la corrupción penitenciaria también es sistemática y estructural. A lo largo del año 2022 fueron denunciados por este organismo 61 casos de corrupción penitenciaria.
  • Para las mujeres cis y personas del colectivo LGTBIQ+, la cárcel produce impactos diferenciales porque es un lugar pensado y estructurado para alojar varones.
  • Las fiscalías especializadas en materia de violencia institucional, ordenadas mediante ley provincial 14.687, siguen siendo muy escasas. Este organismo impulsa varias denuncias a jueces y fiscales provinciales y federales ante diferentes órganos disciplinarios, la mayoría con escaso avance: fiscales Juan Pablo Tahtagian, Juan Cruz Condomí, Fabián Fernández Garello, Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert, y la jueza de Ejecución Marcela Otermín. A nivel federal, están denunciados el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la jueza federal María Gabriela Marrón, de Bahía Blanca. La causa contra el fiscal Claudio Scapolán, del Departamento Judicial San Isidro, avanzó en 2022 y fue destituido este año por la causal de mal desempeño.

Frente a una derecha que amenaza, frente a las mafias que operan y organizan los mercados ilegales y que crecen entramadas con la policía, la política y la justicia, desde la CPM dicen que la respuesta no puede ser más mano dura, más policía brava controlando los territorios, más encarcelamiento, más cárceles, mas tortura. “La respuesta debe ser ampliar derechos, ampliar garantías, fortalecer políticas públicas que incluyan, igualen y generen posibilidades para todas y todos”, se posicionan finalmente en su informe anual El sistema de la crueldad XVII.

 

 

 

 

 

 

 

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