La inhumana muralla europea
Se refuerza el blindaje contra la inmigración
Más de 200.000 inmigrantes irregulares, indocumentados, llegaron a la Unión Europea (UE) en 2021. Es la cifra más elevada desde 2017 y significa un aumento del 57% en relación con 2020 y del 37% con respecto a 2019, según informaciones publicadas por Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
Al presentar su informe anual, en la segunda semana de enero, Frontex destacó que unos 65.000 inmigrantes llegaron por la zona central del Mediterráneo, que constituye en la actualidad el principal corredor alternativo para entrar a Europa.
Según dicho informe, en 2021 fueron rechazadas 18.300 personas que trataban de ingresar al continente, un verdadero récord de la política represiva anti migratoria de la Unión Europea. Nada novedoso, por cierto, pues ya en 2020 ésta concertó un “pacto migratorio” que se sostiene en dos pilares principales: el blindaje de las fronteras y la expulsión de los irregulares.
En los últimos años la Agencia Frontex, creada por la UE en 2004 y reforzada significativamente a partir de 2016, ganó tanto en poder propio como en críticas de sectores asociativos y partidos progresistas. Integra a más de 1.500 funcionarios provenientes de sus Estados miembros desplegados en territorio continental y, como lo subraya Fabrice Leggeri, su director ejecutivo, en poco tiempo contará con 10.000 agentes para ayudar a sus miembros en el control de las fronteras y la gestión de la migración.
Voces críticas
Desde hace años, Amnistía Internacional (AI) documenta sistemáticamente los rechazos ilegales en las fronteras terrestres y marítimas de la Unión Europea, en particular en Grecia, Italia, Malta, España, Francia, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia. Esas acciones, señala esta organización no gubernamental (ONG) de derechos humanos, “ponen en peligro la vida de las personas y son ilegales con respecto a la legislación europea e internacional”.
Amnistía Internacional recuerda, por ejemplo, que desde 2017 Frontex lleva a cabo una vigilancia aérea sobre el Mediterráneo central. Cuando detecta una embarcación con migrantes suele avisar a los guardacostas libios, que la interceptan y la envían a Libia. Los hombres, mujeres y niños interceptados al cruzar el Mediterráneo y repatriados por la fuerza a los centros de detención de ese país magrebí están expuestos a graves violaciones de los derechos humanos. La ONG ha condenado en repetidas ocasiones las desastrosas consecuencias de esta cooperación entre Europa y Libia. De igual forma, denunció la violencia y los malos tratos sistemáticos por parte de las autoridades croatas en sus fronteras. Mediante la vigilancia aérea, Frontex ayuda a las autoridades croatas a identificar a las personas que intentan ingresar de forma irregular a ese país.
En Grecia se producen reenvíos por la fuerza desde 2013. Los expulsados –a veces familias enteras– son retenidos en asentamientos informales antes de ser remitidos ilegalmente a Turquía a través del río Evros. En 2021, AI denunció que la policía griega interceptaba por la fuerza a migrantes y refugiados, incluso a cientos de kilómetros de la frontera, y los deportaba a Turquía. Ante estas medidas contrarias al derecho internacional, Amnistía le exige a Frontex que suspenda sus operaciones o se retire completamente de ese país.
La ONG demanda además que cada operación de Frontex incluya un mecanismo transparente de información y que respete el derecho internacional.
Numerosos sectores de la sociedad civil europea (asilo, migración, derechos humanos, fuerzas ambientalistas) así como personalidades políticas se pliegan a las críticas contra el accionar de esa Agencia. “Debemos asegurarnos de que Frontex no se convierta en un Estado dentro de otro Estado, que la organización haga su trabajo de forma transparente y proporcione suficiente información al respecto. Además, los controles fronterizos deben ir de la mano de la protección de los derechos humanos”, declaró ya en abril del año pasado Tineke Strik, eurodiputada del Partido Verde de los Países Bajos, al semanario suizo Die WoZ (Wochenzeitung).
Suiza votará sobre Frontex
Por primera vez en un país europeo, el electorado suizo deberá pronunciarse próximamente sobre Frontex. Es el resultado de la iniciativa que tomó la Red de Solidaridad con Migrantes de Suiza junto con otras asociaciones, que lanzaron un referéndum contra el financiamiento a esa agencia multinacional de seguridad.
Sus impulsores se oponen al aumento de la contribución nacional a dicha Agencia, que el Parlamento helvético aceptó en octubre y que pasaría de 24 a 65 millones de francos (es decir 26 a 68 millones de dólares) en un plazo de seis años.
Si el ente electoral oficial convalida las 50.000 firmas necesarias –luego de verificar las 65.000 recolectadas– para convocarlo, el referéndum se realizará el próximo 15 de mayo. En torno a dicha votación se librará un acalorado debate tanto sobre el respeto de los derechos humanos de los migrantes como sobre las complejas relaciones bilaterales actuales entre Suiza y la Unión Europea.
El nuevo muro
En el contexto de un continente que construye murallas anti-migratorias cada vez más robustas, sea con alambrados, cemento o presencia militar marítima, Polonia tomó la iniciativa. La última semana de enero inició la construcción de un muro de 186 kilómetros que ocupará casi la mitad de su frontera común con Bielorrusia. Tendrá 5,5 metros de altura y debería concluirse a mediados del año. Su costo, financiado con el apoyo de la UE, se calcula en 340 millones de euros, 24 millones de los cuales se destinarán exclusivamente a cámaras de seguridad y sensores de movimiento.
Durante el año pasado, miles de inmigrantes provenientes en su mayoría del Kurdistán iraquí, Siria, Líbano y Afganistán intentaron atravesar la frontera polaca para entrar en la UE. Polonia creó una zona especial de alta seguridad, en parte protegida con alambres de púas y cuyo acceso está totalmente prohibido a las ONG humanitarias y a la prensa.
Esta nueva muralla en construcción viene a engrosar un entramado de vallados que ya existen entre distintos países del continente. Algunos con más historia, como los de Ceuta y Melilla, en España; el de Chipre o el de Kaliningrado, entre Lituania y Rusia. Otros, más recientes, como el del río Évros en Grecia; el ubicado entre Bulgaria y Turquía; el de Puerto de Calais, entre Francia y Gran Bretaña; el de la Ruta Ártica, así como los construidos en Macedonia del Norte y en el norte de los Balcanes.
Crisis climática y represión migratoria
Los países más ricos del mundo eligieron confrontar la crisis climática mundial mediante la militarización de sus fronteras, entre otras fórmulas.
Como lo explica un informe de octubre pasado del Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, los países que cargan con la mayor responsabilidad histórica de la crisis climática gastan más en militarizar sus fronteras –para mantener afuera a los migrantes– que en contribuir a resolver las crisis que obligan a esos mismos migrantes a abandonar sus hogares.
Si bien se trata de una tendencia mundial, siete países en particular –responsables históricamente del 48% de las emisiones planetarias de gases de efecto invernadero–, gastaron en conjunto entre 2013 y 2018 más del doble de recursos en controles fronterizos y de inmigración (unos 33.100 millones de dólares) que en la financiación de medios para mitigar el calentamiento global (14.400 millones de dólares).
Según el TNI, dichos países construyeron un “Muro contra el Clima” para frenar las consecuencias migratorias del cambio climático. El gasto de Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón, Alemania, el Reino Unido y Francia destinado al control de las fronteras aumentó un 29% entre 2013 y 2018. El presupuesto de la UE para Frontex creció un 2.763% desde su creación hasta 2021.
El TNI concluye que mientras los países con las mayores emisiones históricas de gases de efecto invernadero se blindan y fortifican cada vez más sus vallados externos, los países con las emisiones más bajas son los que más padecen el desplazamiento de población debido a la crisis climática. Muchos de sus habitantes, en su huida desesperada, rebotan contra los muros del norte, pagando a veces el precio de sus propias vidas. Somalia, por ejemplo, genera el 0,00027% de las emisiones globales contabilizadas desde 1850, pero sufrió en 2020, en un solo año, el desplazamiento de cerca de un millón de personas (6% de su población) debido a las catástrofes climáticas, en particular las inundaciones destructoras.
Según el Transnational Institute, la migración exige un cambio de rumbo y una financiación climática mucho mayor, buenas políticas públicas y mayor cooperación internacional. Tal sería el único camino moralmente justo para apoyar a quienes sufren una crisis de la cual no son responsables.
La realidad actual, sin embargo, es muy diferente: Europa se sigue blindando y los alambres de púa desplazan e ignoran a la solidaridad.
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