La sensibilidad al poder

Cuando no recordamos lo que nos pasa nos puede suceder de nuevo

 

Desde la mirada del progresismo, al que confieso adscribir, hay frases que resuenan maravillosas a los oídos, al menos para mí por haber dedicado toda mi vida profesional al tema de la seguridad social. La que más me agrada es que las cuentas deben cerrar con la gente adentro. En este ultimo tiempo me subyugó el oír decir al Presidente electo que «entre los bancos y los jubilados, yo elijo a los jubilados». También podría rescatar de la historia las palabras de Evita, con aquello de que «donde hay una necesidad nace un derecho», o la idea modernizadora de Alfonsín de la ética de la solidaridad. Seguramente hay infinidad de frases y conceptos que podrían complementar la idea de un rico y autóctono progresismo social, pero lo importante no es rescatar frases sino ver si estamos preparados para llevar esas ideas a la victoria. Porque el objeto de esas frases no es otro que el de mantenernos en el camino de la justicia social.

 

 

La lucha entre lo macro y lo micro

El primer desafío que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno en materia de seguridad social —en mi opinión, la madre de todas las batallas—, es definir de qué lado está entre la macro y la micro. La macro significa que la administración de la seguridad social sea apéndice de la economía, mientras que la micro sería, con los recursos disponibles,  dedicar todo el tiempo a la resolución de los problemas básicos de los beneficiarios. Para simplificarlo, lo macro serían las cuentas y la micro la gente.

Existe un imaginario colectivo, creado interesadamente por la lógica neoliberal, que nos induce a pensar que lo más importante es que tengamos un sistema sustentable en la acepción que le dan a esta palabra los organismos internacionales. La idea subyacente es que la seguridad social funcione como un seguro social. El seguro social murió hace muchos años en nuestro país, ello ocurrió el día en que se necesitó para el financiamiento aportes del tesoro, es decir impuestos. En aquellos tiempos y por muchos años nadie se preocupó por esos impuestos que iban a las Cajas de Jubilaciones, y esa carencia de preocupación obedecía a que el dinero que ponía el Estado lo recibirían los pocos que accedían a la jubilación y los muchos que recibían jubilaciones de privilegio. El Estado argentino siempre ha sido proclive a esconder el privilegio. A pesar de que solo quedan dos leyes vigentes que regulan regímenes de privilegio (los jueces y el servicio exterior), todavía existen 47.816 personas que cobran una jubilación superior al máximo establecido por la ley. Esas abultadas prestaciones no llaman la atención de nadie, pero las moratorias previsionales que benefician a las mujeres más pobres producen escozor entre los que defienden la macro, unos por una cuestión de clase y otros porque les complican las cuentas.

La pelea comunicacional entre los neoliberales y los progresistas la viene ganando cómodamente el neoliberalismo, prueba de ello es que los temas de seguridad social en la mayoría de los medios de comunicación se ubican en el suplemento económico, y el tema jubilados siempre cae en manos de un periodista económico. En televisión el tema es más patético aun, el establishment de economistas que hablan son diez contra uno que habla de reparto equitativo de la riqueza, solidaridad, inclusión, etc.

Es particularmente interesante analizar qué es lo que se habla en los medios audiovisuales cuando hablamos de seguridad social, porque resulta un amontonamiento de monólogos locos. Los temas excluyentes de los neoliberales son la sobreabundancia de planes sociales, la moratoria previsional, la sustentabilidad del sistema, en definitiva el ajuste, la necesidad de una reforma previsional y la privatización del sistema. Por el lado del progresismo, los temas han sido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la perdida de poder adquisitivo de los beneficios, la forma en que la inflación, el aumento de los servicios públicos y los medicamentos deterioran el valor de las jubilaciones.

Al ser tan despareja la proporción de los que defienden el sistema contra la de quienes quieren ajustarlo, se ha ido construyendo una lógica social según la cual quien tiene un plan social o una jubilación por moratoria termina ocultándolo vergonzosamente. Tantas veces uno se encuentra con personas comunes que, como una muestra de preocupación por el sistema previsional, con toda solemnidad espetan que “hay que volver a contar con cuatro aportantes por un jubilado como había cincuenta años atrás”, sin darse cuenta de que eso ya es imposible, por una razón básica: la ciencia ha logrado que los seres humanos seamos longevos. Esto es producto de ese discurso que viene masivamente de los medios, aunque quienes esto dicen saben que transmiten una gran mentira, no les importa, porque el objeto es mostrar que la plata no alcanza para todos: entonces hay que hacer la reforma previsional.

Todos los temas que se discuten, sea el interlocutor progresista o neoliberal, son temas macro, es decir intangibles para el hombre y la mujer del común. A quien está excluido del reparto nada de esto le cambia la vida. El tópico de seguridad social del que más se habla en los medios es el FGS, del que paradójicamente ningún jubilado o pensionado ha recibido un peso. Sin embargo todos pontificamos que es la plata de los jubilados. El FGS en los más de once años de vida se ha transformado en un montón de papeles, títulos y acciones que solo sirve para ver cuanto rinde, pero a nadie se le ocurrió, aún, hacer algo para que ese dinero sea útil para los beneficiarios, es decir cómo hacer para que los beneficiarios o al menos el ANSES reciban algo del mismo.

 

Una mirada micro

Hace más de veinticuatro años se dictó la mal llamada Ley de solidaridad previsional, que discriminó a los jubilados y pensionados ya que impuso en forma obligatoria un sistema de tres instancias:

  1. un juicio de conocimiento,
  2. una segunda instancia ante la Cámara, y lo insólito,
  3. la obligatoriedad de acudir a la Corte Suprema para lograr sentencia definitiva.

Esto tuvo dos consecuencias inmediatas: la necesidad de contratar un abogado para efectuar un reclamo y el alargamiento de los plazos judiciales por un termino de diez años. El objeto era claro y simple, prorrogar indefinidamente los juicios previsionales y excluir de cualquier reclamo a los que menos ganan, ya que si el juicio no tenía contenido económico a ningún abogado le interesaba litigar. Todo esto y mucho más lo hicieron Cavallo y su séquito de ajustadores y privatizadores compulsivos.

Lo insólito es que, luego de casi un cuarto de siglo, aquella lógica siga perversamente intacta. Se hicieron amagues, pero en cuanto se valora cuál es la deuda con los beneficiarios, se clausura el debate y de eso no se habla más, ya que la macro no lo permite. ¿Es posible salir de ese atolladero? Claro que sí, con voluntad política, imaginación y justicia social se puede cambiar este sistema que se ha transformado en justicia para herederos, porque cuando llegan las acreencias el beneficiario ya murió.

Otra cuestión donde el neoliberalismo lleva la ventaja es en lo que se conoce como las “encuestas socioeconómicas”. Este es un invento vergonzante de aquellos preocupados por la macro en lugar de los beneficiarios. En pocas palabras, esa encuesta significa que, para obtener algunos beneficios, hay que obtener certificado de pobreza. ¿Habrá pensado alguien que un jubilado es un trabajador  que siempre valoró la dignidad del trabajo y ahora lo obligan a rebajarse, a humillarse para que le reconozcan un derecho? Muchos por necesidad aceptan, otros por dignidad no se inclinan. ¿Esto es justicia social?

Alguien habrá tomado nota que en la Argentina tenemos un sistema de aportes para el servicio doméstico, pero que salvo excepciones ninguna mujer que haya trabajado para distintos empleadores se jubila por dicho régimen. Si, aunque parezca increíble una mujer que ha trabajado como mucama o cuidando ancianos y le han ingresado la totalidad de los aportes y estos aportes están registrados en AFIP, a los 60 años tienen que denunciar a todos los empleadores que la han contratado a lo largo de su vida, dar sus domicilios y un verificador de ANSES concurrirá a cada domicilio declarado y si no encuentra a alguno o el titular se mudo o se murió esta mujer no se jubila, porque no se puede constatar la relación laboral aunque los aportes estén registrados en la AFIP. Aunque efectivamente parezca insólito, las únicas personas que tienen que probar haber prestado los servicios que ANSES tiene a la vista registrados y pagados son las mucamas. Puedo asegurar que casi ninguna lo logra y aquellas que lo logran demoran años en que se les reconozca el derecho.

Existe otra cuestión que es bueno transparentar y se vincula con la existencia de más un millón de niños y adolescentes entre cero y diez y siete años de vida que no cuentan con cobertura alguna. Aunque parezca inaudito en la Argentina actual, existen 400.000 AUH suspendidas por falta de presentación en la UDAI de ANSES, que sabe quienes son y donde están pero espera que ellos se acerquen a su dependencia. No hace falta imaginar quiénes son esos chicos para saber que son los más pobres y que en un contexto de crisis como el actual es probable que no tengan ni para comer, por lo que mucho menos dispondrán de los recursos necesarios para afrontar el viaje hasta la UDAI. Existen más de 100.000 chicos con el pago suspendido por errores en los datos, que nadie se preocupa por subsanar; otros 400.000 sin datos de los padres en las bases de ANSES y 150.000 que, producto de haber aumentado el mínimo de remuneración que tiene que declarar el empleador, perdieron el derecho. Pero eso sí, los hijos de las personas que pagan ganancias, que suman 800.000 niños, están todos declarados y gozando del beneficio. Una pregunta simple: ¿nadie imaginó ir a buscar a los chicos que faltan incluir, y para financiar ese gasto inhibir las deducciones o parte de ellas de aquellos que pagan ganancias?

En nuestro país, 1.041.326 discapacitados en diciembre cobrarán $9.056 por mes según el Libro Estadístico de ANSES. ¿A alguien se le puede pasar por la cabeza que una persona discapacitada, que por definición tiene más gastos que una persona sana, puede costear sus gastos con ese dinero?.

Una de las herencias que dejará Macri será la existencia de tres categorías de haberes mínimos jubilatorias: los que cobran el 82% del salario mínimo –el régimen general—, los que cobran la mínima a secas –los de la moratoria— y aquellos que cobran el 80% de mínima, los de la PUAM. Muchas veces me pregunté qué le correrá por las venas a alguien que toma una decisión tan discriminatoria e injusta.

Hay infinidad de temas micro que se podría rescatar. En honor a la brevedad he detallado sólo estos ejemplos, pero hay cientos de restricciones producto de cuidar la macro. Se podrían unificar las asignaciones familiares y que todos los chicos de la Argentina cuesten, o mejor dicho, valgan lo mismo; se podría poner un limite a los intereses de los créditos ANSES al equivalente a la movilidad, y próxima a la salida de la ley de alquileres, se podría usar el FGS para darles seguros de caución a los beneficiarios a muy bajo costo, etc.

 

 

Una crisis de la seguridad social

La discusión sobre cuál es la prioridad, viene de los tiempos de William Beveridge, unos de los ideólogos del keynesianismo social o lo que se conoció popularmente como el Estado de bienestar. Ese fue el camino que eligió Europa después de una guerra devastadora. Los resultados están a la vista. Beveridge en su tiempo, se planteó una disyuntiva ante tamaña destrucción que había dejado la Guerra Mundial respecto de donde estaban las prioridades: si lo primero era atender la reconstrucción de la economía o a la reconstrucción y dignificación del ser humano. Y concluyó que lo prioritario eran las personas, ya que en definitiva, estas son las que construyen la economía. La situación social que atravesamos nos conmina a tomar una decisión de similares características  a lo que hizo Europa en su momento.

El centro de la cuestión es si la seguridad social sigue siendo un apéndice de la política económica o es una política de Estado con el objeto de distribuir equitativamente ingreso tomando partido por los que menos tienen. ¿Alguien imagina que la política educativa o la salud puedan ser o debieran ser consideradas como un apéndice de la economía?

Los invito a valorar a quienes fueron en los últimos años los directores ejecutivos de ANSES, su experiencia y su profesión. Sin duda concluirán que es necesario definir si las cuentas cierran con la gente adentro o si los de siempre se quedan afuera.

Tengo el deseo de gritar con todas mis fuerzas la sensibilidad al poder. Ojalá se escuche.

 

 

 

 

 

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1 comentario
  1. Carlos dice

    Excelente

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