Las maniobras

La doble vara del macrismo para defender represores, policías y acusados del caso AMIA

 

La Secretaría de Derechos Humanos en tiempos de Claudio Avruj desarrolló una curiosa estrategia de defensa del Estado argentino frente a instancias internacionales. Dejó correr reclamos que represores condenados por la justicia llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso obvió contestar una demanda del protagonista de la llamada pista siria en el atentado a la AMIA. Mientras tanto usó a la CIDH como plafón para intentar quitarle el amparo a un refugiado político. Lo más curioso fue que buscó firmar un acuerdo con policías acusados de secuestrar y torturar a un colega para que se autoincriminase en un secuestro muy mediático: el del propio Mauricio Macri.

La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos es la que se encarga de defender al Estado en casos en los que existen denuncias o reclamos. Si el Estado considera que es un reclamo fundado, puede elegir reconocer su responsabilidad y no litigar.

La Dirección funciona en la Secretaría de Derechos Humanos, que encabeza Horacio Pietragalla. Cuando llegaron las nuevas autoridades a las oficinas que funcionan en la ex ESMA, buscaron infructuosamente una base de datos para saber cuáles eran los casos que estaban, por ejemplo, presentados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Imposible encontrarla. No se sabía qué plazos estaban corriendo ni cuáles estaban vencidos. Pasaron las semanas y lograron reconstruir que había, al menos, 120 casos que no habían sido respondidos por la Secretaría de Derechos Humanos. De esos, 96 ya tenían los plazos vencidos, lo que no es una formalidad, sino que implica que el Estado no puede defenderse o no tiene nada para decir.

 

 

 

AMIA

Uno de los casos que estaban vencidos lo había presentado Alberto Jacinto Kanoore Edul en 2006. En abril de 2018, su abogado, Juan Gabriel Labaké, anunció en sus redes sociales que la CIDH se había ofrecido para mediar entre Kanoore Edul y el Estado Argentino. La gestión Avruj olvidó contestarle a Kanoore Edul.

La pista siria en el atentado a la AMIA de 1994 le debe su nombre a Kanoore Edul, que –según las agendas secuestradas en su casa y sus propias declaraciones– tenía vínculo tanto con el agregado cultural de la embajada de Irán Mohsen Rabbani como con el entonces Presidente Carlos Menem. El encubrimiento de la pista siria quedó acreditado en el juicio que terminó el año pasado, ya que la Policía Federal incumplió con los allanamientos contra propiedades de los Kanoore Edul, ocultó casetes que contenían grabaciones de las conversaciones del entorno y la SIDE hizo lo propio al discontinuar las escuchas contra el empresario ligado a la familia presidencial.

El Estado argentino sí se presentó cuando Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron dar por concluido el acuerdo de solución amistosa al que habían llegado en 2005. Se espera que en las próximas semanas la CIDH eleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

El manejo del tema AMIA por parte del macrismo mereció hasta críticas de los propios. El ex titular de la Unidad Especial AMIA Mario Cimadevilla acusó al entonces Ministro de Justicia Germán Garavano de buscar la impunidad de los fiscales acusados por el encubrimiento del atentado, Eamon Müllen y José Barbaccia, que terminaron condenados el año pasado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.

 

 

 

Los represores

Los condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura vieron en el Sistema Interamericano una ventanilla desde donde socavar el proceso de justicia que se lleva adelante en el país desde que en 2001 se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esa decisión fue confirmada en 2005 por la Corte Suprema y los juicios se empezaron a sustanciar al año siguiente.

El punto más alto de esa estrategia se consumó en octubre de 2018, cuando la Comisión decidió mantener una reunión a puertas cerradas con organizaciones que impugnan los juicios, como Justicia y Concordia –que desde 2009 aglutina a defensores de acusados por delitos de lesa humanidad– y Puentes para la Legalidad, creada en 2015 por hijos y nietos de represores.

Del encuentro participaron Paula Bertol, entonces embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y Ramiro Badía, que estaba a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales. Bertol había maniobrado para conseguir la reunión ante la CIDH. El propio Avruj había intentado concertar un encuentro entre los grupos pro-impunidad y la Comisión, cuando la entidad visitara el país poco después del fallo del 2×1 a los represores – como reveló el director de El Cohete.

El conservador diario La Prensa le atribuyó a Badía haber reconocido que las cárceles argentinas no estaban preparadas para alojar personas de edad avanzada como los acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad y que existía “discriminación” con respecto a ellos. En ese momento, pese a las consultas periodísticas, la Secretaría de Derechos Humanos no consideró necesario hacer una desmentida pública.

El gobierno contestó reclamos hechos ante la CIDH por represores y sus familias, pero no mostró empeño en que se cerraran. Todo lo contrario. Muchas veces respondió fuera de plazo, cosa que le advirtieron desde la propia Procuración, preocupados de que esa demora pudiera abrir una puerta para la impunidad.

En la actualidad hay 19 presentaciones de represores en trámite. Fueron hechas, por ejemplo, por Carlos Gallone, tristemente célebre y registrado como el policía que abraza a una Madre de Plaza de Mayo, condenado a prisión perpetua por la Masacre de Fátima y su actuación en Coordinación Federal. El represor de La Perla Oreste Padován, también condenado a perpetua, fue hasta la Comisión, al igual que su compañero Ricardo Lardone. El represor Juan Daniel Amelong, reconocido por sus provocaciones en los juicios de Santa Fe, no quiso ser menos.

En los últimos dos meses, la Secretaría logró que se cerraran cinco casos. Uno había sido presentado por José Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, en 2012, un año antes de morir. Otro por Luis Alberto Rodríguez Vázquez, condenado a perpetua en Mendoza, o por Eduardo Cabanillas, a quien en 2016 le concedieron la prisión domiciliaria tras una huelga de hambre. Cabanillas, condenado a prisión perpetua, aparece mencionado en un caso emblemático que resolvió la Corte Interamericana en 2011: el caso Gelman, presentado por el poeta y por su nieta Macarena contra el Estado uruguayo.

La Secretaría viene argumentando que no hay nada más para discutir en estos casos, que no hubo violación del debido proceso y que todos los planteos de los represores son y fueron tratados por la Justicia argentina.

 

 

 

Amigos

Durante la gestión de Macri, la Argentina no impulsó las soluciones amistosas, salvo en contadas excepciones. Por ejemplo, lo utilizó como plataforma para impugnar la calidad de refugiado político de Galvarino Apablaza, dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez acusado por el asesinato del ex senador pinochetista Jaime Guzmán.

La familia de Guzmán y la derechista Unión Democrática Independiente (UDI) presentaron una denuncia ante la CIDH cuando Argentina reconoció a Apablaza como refugiado político.  El caso, que ni siquiera había sido admitido por la Comisión, derivó en una negociación con el Estado argentino, movilizada por el abogado de los Guzmán, Claudio Grossman. Con la llegada de Macri al gobierno, Argentina firmó un acuerdo en el que se comprometía a hacer cesar el refugio, como efectivamente hizo.

“Ese acuerdo ante la CIDH fue el puntapié para hacer cesar el refugio. Ahora estamos con el reclamo judicial, diciendo que el cese fue mal decidido”, explicó el abogado Rodolfo Yanzón.

 

 

Enemigos

Hay un caso que puede alucinar a muchos. La anterior gestión quiso llegar a una negociación con Vicente Palo, de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal y sus compañeros de armas. Palo y compañía están acusados por haber secuestrado y torturado a Juan Carlos Bayarri y a su padre. Bayarri era policía y terminó casualmente condenado por el secuestro de Macri.

Para la condena fue fundamental una confesión que le arrancaron bajo tortura aparentemente en uno de los centros clandestinos que la dictadura montó en 1978 en la Capital Federal, el Garage Olimpo.

Bayarri pasó trece años preso. Ya en 1991, el padre denunció la detención ilegal de su hijo. Diez años más tarde y ante la falta de justicia, la CIDH admitió el caso y lo elevó a la Corte Interamericana. A Bayarri recién lo absolvió la Justicia en 2004. El Estado argentino terminó condenado, entre otras cosas, por la impunidad de la que gozaban los policías responsables del secuestro y del armado de la causa contra Bayarri. Recién en 2014, dos policías y el secretario del juzgado que intervino en la causa terminaron condenados.

El mes próximo habrá una audiencia de seguimiento ante la Corte por el caso Bayarri, en la que el Estado tendrá que explicar qué hizo para reparar al ex policía e impedir que un caso como el suyo vuelva a suceder. Contar que había llegado a un acuerdo con sus captores no habría sido una gran opción.

En los próximos días habrá otra audiencia por un caso que el macrismo litigó como si el Estado no fuera responsable de una muerte en manos casualmente de la Federal.  Se trata de la muerte de José Delfín Acosta, un joven uruguayo y afrodescendiente, detenido sin orden judicial en 1996.

 

 

Independencia judicial

El lunes, la Secretaría de Derechos Humanos circuló en redes sociales un video denunciando que existió lawfare durante la era Macri. En ese video, que después fue replicado por el Presidente, hay una mención al informe del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Diego García Sayán. El Relator había dicho que en el macrismo hubo un plan para amedrentar a la Justicia y moldearla según los intereses del gobierno.

El informe generó la furia del gobierno de Macri, que contestó en duros términos, diciendo que se trataba de una coordinación del Relator con los defensores de funcionarios kirchneristas presos. Hasta ahí historia conocida. La novedad es que el 18 de febrero llegó a la Secretaría de Derechos Humanos una notificación de la Coordinación del Comité de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas para consultarles si querían seguir adelante con la denuncia que había presentado la gestión anterior contra García Sayán. Hasta entonces no había registro de esa denuncia.

El mes pasado, el gobierno de Alberto Fernández pidió retirar la respuesta que le había dado Macri a García Sayán. Quedó así claro que el gobierno argentino no niega que se persiguió judicialmente y que, para eso, fue necesario disciplinar al Poder Judicial.

La otra cara del mal funcionamiento judicial son los procesos amañados y que mantienen a ex funcionarios presos aun sin tener sentencia firme. Pietragalla deberá, por pedido de la Casa Rosada, visitarlos, interiorizarse de su situación y definir un plan de acción. Esta semana ya visitó a los detenidos en el penal de Ezeiza y el jueves se reunió en Jujuy con Milagro Sala.

 

 

 

 

La reacción

La coyuntura no es sencilla. El gobierno atraviesa un momento de tensión con la Justicia después de que presentara un proyecto para reformar el régimen previsional. La clave de la disputa está en el haber inicial para jubilados, que antes se calculaba con el 82 por ciento móvil del último salario, mientras que la propuesta actual es un promedio de los ingresos de los últimos diez años.

Tanto la Asociación de Magistrados como la Asociación de Fiscales criticaron el proyecto en duros términos. La Unión de Empleados Judiciales de Julio Piumato presentó un proyecto alternativo y lanzó un paro y movilización para el jueves 27, cuando se tratará en la Cámara de Diputados. El Sitraju sostuvo que tenía aspectos regresivos que debían ser mejorados.

El gobierno tiene los votos y no necesita demasiada negociación para que el proyecto salga. Las entidades le reclaman al Congreso que las convoque y a la Corte que asuma la representación institucional del Poder Judicial. Los supremos optaron por el silencio, incluso algunos estiraron el feriado de carnaval.

En Comodoro Py, hay un sector de jueces que consideran que no pueden dar una discusión pública en momento de emergencia para defender sus sueldos abultados. Un silencio clave fue el de Asociación de Jueces Federales (Ajufe). Aunque hay quienes apuntan que los jueces que ingresaron después de 2017 y que pagan ganancias sufrirán una merma de sus ingresos cuando se suba el porcentaje de aportes.

La primera reacción al proyecto es el inicio de una diáspora. El viernes, contaban 17 renuncias presentadas en la Procuración. La que mayor atención atrajo fue la del fiscal de Casación Raúl Pleé, candidato eterno a la jefatura del Ministerio Público Fiscal y muy criticado por su rol en la causa AMIA. En la Asociación de Magistrados, hablaban de 20 ó 25 retiros. El número amenaza con seguir subiendo, lo que incluso le puede generar algún que otro dolor de cabeza al gobierno a la hora de cubrir las vacantes.

“La ley de las jubilaciones es una reforma en la práctica”, dijo un juez federal.

 

 

 

 

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