LAS RUTINAS DE LA MESA JUDICIAL

El contenido de los correos enviados por Marcos Peña y la rutina de los jueves a las doce

 

El martes 14 de noviembre de 2017, Clarín anunciaba en tapa: «Un dramático giro en la investigación sobre Ciccone Calcográfica. Un arrepentido podría apuntar hacia arriba». Era Alejandro Vandenbroele. Un día más tarde, comenzó una saga de 18 correos electrónicos extendidos a lo largo de catorce meses despachados desde la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña para convocar, suspender y volver a convocar a una mesa de reuniones denominadas alternativamente de Coordinación de Justicia o Reunión Justicia. Los correos cuyo contenido hasta ahora no se conocía confirman la existencia de encuentros periódicos que tenían como destinatarios al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, el ministro de Justicia, el jefe de Legal y Técnica de presidencia y al jefe de asesores del Presidente. Gustavo Arribas, Germán Garavano, Pablo Clusellas y José Torello eran convocados periódicamente, al comienzo de manera más irregular y a partir de mediados de 2018 cada dos jueves a las doce en el despacho del jefe de gabinete en la Rosada.

 

 

Noviembre 2017. Imagen con número de identificación de la fuente suprimida.

 

 

El miércoles 15 de noviembre de 2017 a las 12:09, el propio jefe de gabinete agendó una reunión a través del calendario de Google para el día siguiente: jueves 16, de 9:30 a 10:30. La invitación llevaba el nombre de Coordinación de Justicia y pedidos de confirmación de los asistentes. De acuerdo a los datos de acceso público de Poder Ciudadano, ese día y a esa hora todos estuvieron en Casa Rosada.

 

 

Las entradas

 

 

El viernes 24 de noviembre de 2017 hubo otro correo. A las 18:26, Soledad Antúnez de la Jefatura de Ministros escribió en el asunto Reunión de Coordinación de Justicia. “Les aviso que la reunión de Coordinación de Justicia del jueves 30/11 se realizará a las 8:30 am, en Casa Rosada”. Y luego: «Les pido que confirmen su asistencia».

 

 

Noviembre 2017. Imagen con número de identificación de la fuente suprimida.

 

 

La denominada Mesa Judicial del gobierno anterior hoy es eje de una investigación delegada al fiscal Franco Picardi. Se inició en mayo de 2020 con la entrevista a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara de Casación en una radio. Ella dijo sin nombres que había sido visitada por un funcionario mientras analizaba la constitucionalidad del Memorándum con Irán en diciembre de 2015. El diputado Martín Soria presentó una denuncia. La convocaron. Ella dio el nombre de Juan Bautista Mahiques, subsecretario de asuntos penitenciarios, mano derecha de Garavano en Justicia y delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Por la causa ya declararon otros siete juezas y jueces del fuero penal, comercial y laboral, autores de fallos críticos para el gobierno anterior, sometidos a escarnio público y a denuncias en el Consejo de la Magistratura. Los correos integran esa causa.

Aparecieron olvidados en la AFI. Cristina Caamaño se los dio a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control a Organismos de Inteligencia. Eduardo Valdés, Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau los presentaron en la causa. La fiscalía trabaja ahora alrededor de los contenidos: busca determinar funciones de los integrantes, organizar fechas en una línea de tiempo, poner en diálogo las reuniones con las denuncias del gobierno contra los magistrados, entender si pueden ser leídas como presiones, si hubo plan y quiénes lo ejecutaron. Un repaso de los contenidos y de los sucesos paralelos permite adelantar algunos trazos.

 

 

La rutina de los jueves

El vienes 22 de diciembre de 2017 salió un correo con idéntico asunto dirigido a las secretarias, que vuelven a aparecer en todos los mensajes. A veces solas, a veces copiadas con los funcionarios. “Tal como les hemos adelantado por teléfono –dice— se suspende la coordinación de Justicia del jueves que viene y hasta nuevo aviso. ¡Que tengan unas felices fiestas!”

El martes 20 de marzo de 2018 a las 15.27, otra asistente anunció la vuelta de las “reuniones de Justicia”. Con el asunto Reunión Justicia, dijo hola y expuso: “Pide Marcos Peña reanudar el próximo lunes 26 de marzo a las 17 las reuniones de Justicia. Les pido nos confirmen si pueden asistir. Muchas gracias. Beba”. Dos minutos antes había enviado un calendario compartido, algo pasó porque inmediatamente la misma Beba reprogramó reunión para el martes 3 de abril, de 16 a 17.

Para entonces, el gobierno tenía en agenda la Cámara Federal. En enero de 2018, Eduardo Farah y Rodolfo Pociello Argerich le habían concedido la excarcelación a Amado Boudou con voto disidente de Leopoldo Bruglia, ya trasladado sin acuerdo del Senado. En marzo de 2018, Clarín se agravió en tapa por la libertad de Cristóbal López. Escándalo, publicó, la Cámara Federal liberó al empresario y pasó su causa de fraude a evasión. Uno de los integrantes de la Mesa Judicial, José Torello, despotricó vía Twitter: Ballestero y Farah, los jueces de la Cámara Federal le están tomando el pelo a la gente. Esto es parte de la herencia que nos dejaron y que vamos a cambiar. Dos días después, 19 de marzo, Clarín llevaba a tapa la furia del Presidente. Los dos jueces quedaron fuera de la Cámara el 25 de abril.

 

 

 

 

Los correos arrancan el 14 de noviembre de 2017 y se extienden hasta enero de 2019. Muestran rutinas, frecuencias, horarios y postergaciones por viajes o vacaciones de Torello, Peña o Arribas. Un correo aclara que una reunión se hará con el Presidente. Pero leídos en sucesión hablan de un proceso largo de institucionalización. Las citas no tienen rutina hasta mediados de 2018 que comienzan a establecerse cada dos semanas, los días jueves, al mediodía, en el despacho de Marcos Peña. Y a diferencia de lo que se pensaba, no muestran todas las reuniones, sino, más bien, aparecen cuando algo de esa rutina salta de un jueves a un martes, “por esta única”. O cuando anuncian dos reuniones continuas sólo excepcionalmente, para luego “volver a la rutina de cada dos jueves”.

Peña y Clusellas tenían oficina en la Rosada. Torello tenía un espacio llamado Despacho Torello. Para la reunión del 3 de abril, Clusellas entró a Casa Rosada a las 16.22 y Garavano a las 16.38 con destino Jefatura de Gabinete y hora de salida 18.27. ¿Arribas estuvo? No aparece en la planilla.

El jueves 5 de abril salió un nuevo correo: próxima reunión, anunció, jueves 12 a las 17 horas en Casa Rosada, con participación del Presidente. Les pido confirmen asistencia, dice quien firma. El lunes 25 de junio, hubo otro correo.

 

 

Junio, 2018

 

Beba Herrou, de Jefatura de Ministros convocó para el jueves 28. Dos días después, canceló la reunión. Y explicó la dinámica que empezaba a establecerse. Reuniones semanales, dice, pero se equivoca, serán cada dos jueves, se corrige en otro correo:

 

 

Julio 2018. Imagen con identificación suprimida.

 

 

Para entonces, es julio de 2018. Gran parte de los jueces laborales que declaran en la causa como antes lo hicieron ante organizaciones que llevaron sus reclamos a Naciones Unidas, habían sufrido embestidas en 2017. El macrismo los tuvo en la línea de fuego cuando avanzaba con despidos. 2017 también había sido el año de la puja por la salida de Alejandra Gils Carbó. Garavano avanzó con el plan de reforma del ministerio público fiscal. Y en 2018 estaba en agenda obsesivamente la Cámara Federal, con potestad de frenar o dejar pasar el fuego emanado de los escritos de Carlos Stornelli y Claudio Bonadío.

El 16 de julio, otro correo pospuso una reunión del jueves 19 al jueves 26. El 2 de agosto, otro convocó a reunión para el jueves 9 a las 12 y otra para el 23. Un día antes del 9 de agosto, la tapa de Clarín celebraba, ahora sí, la detención de Amado Boudou. Farah y Ballestero ya estaban afuera de la Cámara.

 

 

 

Los toreos de Torello

Esta semana, Soria, Valdés y Tailhade agregaron una nueva denuncia a la causa. Quieren que declare Elisa Carrió. En una entrevista reciente ella volvió a hablar de Daniel Rafecas. Contó públicamente las gestiones que hizo ante lo que mencionó de manera natural como Mesa Judicial. Y dio el nombre de Torello. Los diputados quieren que les explique ese capítulo. Torello aparece a lo largo del tiempo de los mails con episodios públicos y otros no tan conocidos. En diciembre de 2017, visitó en La Plata al titular del juzgado federal 2, con competencia electoral, Adolfo Gabino Ziulu. Según narró el director de El Cohete, Ziulu escuchó el pedido: Torello le pidió que interviniera el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, pero el juez no accedió. “Poco más de cien días después, la jueza María Servini dispuso la intervención al justicialismo nacional, desde el cual el estadista Luis Barrionuevo no tendrá reparos en apoderarse también de la franquicia bonaerense”. Públicamente también habló. El 29 mayo de 2017, toreó vía @josetorello: Es terrible que el consejero Candis apoye a un juez corrupto como Freiler y le dé impunidad. Es una asociación ilícita. Y el 25 de septiembre de 2018, celebró el nombramiento de 201 magistrados que anunciaba Garavano:

 

 

 

 

Torello era importante en la Mesa. Esa segunda quincena de septiembre, la Reunión se suspendió porque “no están Torello ni Arribas”, dice un correo.

Los correos continúan. Uno señala dos reuniones seguidas “sólo por esta vez. Pero a partir de ahí se retomaría semana de por medio, siendo la siguiente el 18 (de octubre) y así sucesivamente. Igualmente lo vamos hablando y confirmando”. Hay correos, previos y finalmente, también del 22 de octubre, 23 de noviembre y 28 de enero de 2019. Luego no hay más. No quiere decir ni que no hubo otras reuniones ni que no hayan habido otros correos. Esos 18 son los únicos que se encontraron.

 

 

Limpiar los sótanos

Caamaño envió el material a la Bicameral y agregó un informe. “La mentada Comisión solicitó que la Agencia remita ‘la totalidad de información, material y/o documentación relacionado con reuniones y/o gestiones en las que haya participado el escribano Gustavo Arribas con las siguientes personas: Mauricio Macri, José Torello, Pablo Clusellas, Fabián Rodríguez Simón, Germán Garavano, Juan Bautista Mahiques, Bernardo Saravia Frías y/o Daniel Angelici siempre que tuvieran vinculación con los hechos que se describen en las denuncias’”. Según la interventora, los correos no dejan dudas ni de nombre, ni de origen ni de participantes: “Dan cuenta de la participación del organismo en lo que se denominó Coordinación de Justicia tal como se puede apreciar en el contenido plasmado en los mails en cuestión. Dicho intercambio se efectuó entre la agencia desde el correo electrónico [email protected] y distintos estamentos del Poder Ejecutivo siendo que algunas de las personas mencionadas en la nota de la Comisión se corresponden con aquellas que participaron de los encuentros citados”.

En la causa judicial declaró Eduardo Farah desplazado a un tribunal oral de San Martín durante la etapa de los correos. También la camarista civil Marcela Pérez Pardo a quien le iniciaron jury en junio de 2018 luego de fallar contra la Inspección General de Justicia del ministerio de Garavano, que le exigía al Instituto Patria la difusión de socios. Declaró la jueza federal de San Martín, Martina Forns, con jury en septiembre de 2016, tras oponerse al incremento de tarifas.

También declararon Luis Raffaghelli y Diana Cañal de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital Federal, denunciados por el Ejecutivo en mayo de 2017. Ambos habían ordenado restituir de manera precautoria a los trabajadores despedidos del AFSCA en septiembre de 2016. Raffaghelli falló a favor de un empleado de McDonald’s (Arcos Dorados Argentina SA, cuyo abogado había sido Carlos Rosenkrantz) y ordenó anular un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la empresa, que propiciaba la contratación de hasta cinco mil jóvenes con remuneraciones inferiores al salario mínimo, vital y móvil. El fallo al que adhirió Néstor Rodríguez Brunengo consideraba que el convenio ponía en riesgo derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad y pidió cláusulas de garantías y protección del trabajo. En 2017 pidió la reincorporación de los trabajadores de Pepsico por irregularidades en el procedimiento de crisis, entonces llegó su denuncia.

En su declaración, Raffaghelli describió la visita del entonces Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y equipo a la Cámara Nacional del Trabajo del día 29 de marzo de 2016, al mediodía, en la Sala de Acuerdos. Estaban la mayor parte de los jueces. Lamentablemente, dijo, no se labró acta. “La visita se presentó como de carácter protocolar. Triaca había asumido hacía poco tiempo. No hubo agenda previa ni tema específico. Cuando uno de sus funcionarios planteó la necesidad de consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica, se produjo un profundo silencio”, dijo. “Fue superado por el presidente del Cuerpo pasando a otro tema”.

 

 

Triaca.

 

Y luego: “Nadie contestó la inusitada sugerencia. El silencio y la sorpresa fueron la respuesta ante tan improcedente petición. A este episodio le siguió un evidente embate contra la independencia de la Justicia nacional del trabajo, que fue poco a poco generando un ambiente hostil a su libre desempeño, alcanzando su cenit con denuncias infundadas a seis jueces y juezas, rechazadas totalmente por el Consejo de la Magistratura”.

Aún no declararon muchos otros. Entre ellos podría hacerlo el juez laboral Enrique Arias Gibert, denunciado el 21 de febrero de 2017 por el ministro de Trabajo junto a la jueza Marcela Marino, tras avalar la negociación colectiva de bancarios y exigir al Ejecutivo no interferir. Mahiques pidió examinar su Facebook. Y el 2 de junio de 2017, Macri lo mencionó en el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires cuando habló de “la mafia de la industria del juicio”. “Cada vez que uno de esos malos abogados, ligados a malos jueces laborales como Arias Gibert y Marino logran una sentencia, se condena una pyme a cerrar”.

 

De la mesa a los escraches

Las planillas de ingreso a Casa de Gobierno parecen una pista para analizar la continuidad de las reuniones. En abril de 2019, Juan De Sefano de la AFI visitó al juez de Avellaneda Luis Carzoglio para pedirle la detención de los Moyano. Y Carlos Stornelli tiene ingreso a Casa Rosada el 1° de octubre de 2018. Un día más tarde, Clarín publicaba nuevos detalles de Claudio Uberti en la causa Cuadernos, a quien D’Alessio había apodado el Centeno de PDVSA.

La Corte confirmó esta semana la condena de Amado Boudou, quien está cumpliendo su pena en prisión domiciliaria. El fiscal Marcelo Colombo el viernes presentó un pedido para que vuelva a una cárcel común. La Mesa Judicial ya no está en Casa de Gobierno y el Consejo de la Magistratura cambió, pero quedan las tapas de los diarios y ahora los escraches. Esta semana vieron a Daniel Hadad salir del despacho de Ricardo Lorenzetti. Y el adelanto del fallo salió inmediatamente en los portales. Daniel Obligado empieza a aparecer en fotos. Es el juez que debe decidir si Boudou deja su casa.

 

 

 

 

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