Las violencias altamente lesivas

Su circulación debe ser contemplada para interpretar la trama de la violencia letal

 

En los últimos años, distintos informes destacan la disminución de las violencias letales. Sin embargo, algunos de ellos empezaron a llamar la atención sobre el incremento de las violencias altamente lesivas. Esas violencias hay que buscarlas en los homicidios dolosos, pero sobre todo en las tentativas de homicidios, las balaceras, las lesiones graves, los robos con lesiones, los daños materiales que se producen en las entraderas y en la vandalización de escuelas y centros de salud. Violencias que no hay que apresurarse a cargar a la cuenta de la instrumentalidad que requieren los delitos predatorios. No son violencias que buscan neutralizar a la víctima y tampoco sacar información.

La pregunta por la violencia altamente lesiva es uno de los debates pendientes en la Argentina. Es una discusión que queda “tapada” con la violencia letal. Es muy frecuente que las distintas gestiones propongan la siguiente argumentación: si los homicidios bajan, entonces disminuye la violencia. Eso es así porque se sostiene que los homicidios dolosos son el indicador para pensar la violencia. Esta interpretación, bastante consensuada, deja fuera del análisis otras violencias altamente lesivas que, aunque no produzcan la muerte, dañan el tejido social y agravan la desconfianza mutua.

Todos los que investigamos estos temas tenemos grandes dificultades para acceder a la información pública. El secreto sigue organizando gran parte de las políticas públicas. El saber es poder y los funcionarios suelen pararse arriba de la información con la que cuentan y que no quieren mostrar. Hablamos de una información fragmentada y discontinuada, elaborada entre distintos poderes nacionales (Ejecutivo, Judicial y Ministerio Público) y agencias de esos poderes (ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y Salud), desenganchadas y que no suelen colaborar entre sí. Si a eso le sumamos que las informaciones tienen que llegar desde cada una de las provincias, se comprende el delay, los baches y el riesgo permanente de estar sumando y comparando patos y gallinas.

 

 

La violencia letal

Comencemos, entonces, repasando algunos datos sobre la violencia letal en el país.

Según la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Hernán Olaeta, los homicidios dolosos se han mantenido en las últimas cuatro décadas. Tienen una tasa relativamente baja –si se la compara con los países de la región– y relativamente estable si se la compara con otros delitos en el país (delitos contra la propiedad). Más allá de un pequeño pico en 2002 y 2003 como coletazo de la crisis de 2001, los homicidios permanecieron amesetados con una leve tendencia hacia la baja en los últimos años. La tasa de homicidios en 1983 era 4,58 (1.346 homicidios); en 1989, 8,46 (2.718); en 2001, 8,20 (3.048); en 2008, 5,80 (2.305); en 2015, 6,36 (2.744) y en 2019, 4,94 (2.222). Por esta razón, algunos investigadores se han preguntado si los homicidios dolosos son un indicador de la seguridad pública.

 

 

Ahora bien, si se mira provincia por provincia para luego hacer foco en las ciudades, nos damos cuenta de que los homicidios se distribuyen desigualmente. Un caso alarmante es el de la provincia de Santa Fe, y en particular el de la ciudad de Rosario, que tiene tasas que alcanzan las cifras de otros países con tasas muy por encima de la media argentina.

En 2012, cuando la tasa de homicidios de la provincia de Buenos Aires era de 7,6 cada 100.000 habitantes y la de Córdoba 6,9, en Rosario se cometían 15,6 cada 100.000 habitantes. Sólo en la ciudad de Rosario se cometieron 163 homicidios dolosos en 2011, 183 en 2012 y 264 en 2013. Es decir, apenas dos años después, la cifra de homicidios había crecido más del doble: 22 asesinatos cada 100.000 personas. Las cifras ponen a la ciudad de Rosario entre las ciudades más violentas del mundo, por encima de San Pablo y Miami e incluso de la ciudad de Chicago (que tiene 16 asesinatos cada 100.000).

Aproximadamente el 80% de las víctimas tenía menos de 25 años; el 70% se produjeron con arma de fuego y en su gran mayoría tuvo lugar en los espacios públicos. Las estadísticas confirman, además, que más de la mitad de los homicidios en esa ciudad en 2013 fueron cometidos en la zona sur y oeste, y que de las 264 víctimas, 178 tenían menos de 35 años.

La matriz judicial para explicar estos homicidios ha sido “ajustes de cuentas entre traficantes”. La narrativa bélica es una retórica atrayente para contar la violencia porque está a la altura de un imaginario que nos llega por la gran pantalla y las agencias internacionales de seguridad. Incluso para algunos ex funcionarios de la cartera de Seguridad de esa provincia, los crímenes tenían “etiqueta narco”. Por el contrario, para otras especialistas, como la  investigadora rosarina Eugenia Cozzi –autora de una excelente tesis doctoral abocada a explorar el universo transa de esa ciudad– no hay que apresurarse a cargar la violencia letal a la cuenta del control territorial, sino que está vinculada a los conflictos interpersonales (las broncas y picas) entre grupos de jóvenes.

En cuanto a Buenos Aires, que es la provincia con mayor cantidad de población, los homicidios tienen una tasa más alta que la media argentina. Más aún, según los informes producidos por el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (una iniciativa del ex juez Eugenio Raúl Zaffaroni, coordinada por los abogados Rodrigo Codino y Matías Bailone, que fue discontinuada con su apartamiento de la Corte), tienen las mismas características que la media nacional. Por ejemplo, si tomamos el año 2012, se puede ver que en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires hubo 789 víctimas por homicidios dolosos (lo que representa 7,66 homicidios cada 100.000 habitantes, sobre un total de población de 10.302.907). Según el móvil del crimen las cifras se distribuyen de la siguiente manera: 41,57% riña/ajuste/venganza (328 casos); 19,39% en ocasión de robo (153 casos); 12,93% violencia/conflicto intrafamiliar (101 casos); 9,63% legítima defensa (76 casos); 8,75% desconocido (69 casos); 5,07% otros (40 casos); y 2,66% intervención policial (21 casos).

Si miramos más fino, haciendo foco en el distrito del Conurbano más importante, como es el partido de La Matanza –con una población de 1.775.818 habitantes– observamos que en 2012 hubo 166 víctimas de homicidios dolosos (lo que representa 9,34 homicidios cada 100.000 habitantes). Y si distribuimos las cifras según el móvil del crimen identificado por la Justicia vemos que 48% se produjo en casos de riña/ajuste/venganza (79 casos); 20% en ocasión de robo (34 casos); 12% fue producto de la violencia/conflicto intrafamiliar (20 casos); 22% desconocido (38 casos); 8% legítima defensa (13 casos); 2% otros (3 casos) y el 2% producto de la intervención policial (4 casos).

Lo que podemos ver, en principio, es que los homicidios dolosos no se los lleva la policía (gatillo fácil) sino –sospechamos– los vecinos alertas, los maridos y novios violentos, las peleas entre jóvenes. La gran mayoría de la violencia letal no está vinculada, al menos directamente, al monopolio de la fuerza legítima del Estado: no fue protagonizada por los agentes del supuesto “Leviatán azul”.

Pero si miramos más de cerca, para todos los casos, veremos que la gran mayoría de estas violencias se cometieron con armas de fuego. Los agresores y agredidos se conocían entre sí, vivían en el mismo barrio o muy próximamente, y tanto los autores como las víctimas eran varones y jóvenes.

Y lo mismo podemos observar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: En 2013 hubo 167 víctimas de homicidios dolosos (lo que representa 6,08 homicidios cada 100.000 habitantes, sobre un total de población de 2.890.151). Si se distribuyen esas muertes según el móvil del crimen, se puede constatar que 44% fue por riña/ajuste/venganza (78 casos); 22% desconocido (38 casos); 14% en ocasión de robo (25 casos); 7% consecuencia de la violencia o conflictos intrafamiliares (12 casos); 6% otros (11 casos); 4% legítima defensa (7 casos) y 3% producto de la intervención policial (5 casos).

Estos datos nos fueron confirmados por las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para quienes la violencia predominante en la provincia –datos elaborados a partir de los homicidios dolosos en los últimos 5 años, 4.012 homicidios– tiene las siguientes características:

  • El homicidio en riña explica 1 de cada 3 homicidios en la provincia (31%), mientras que 1 de cada 5 están explicados por ajuste de cuentas (20%);
  • Se trata de una dinámica persistente: riña y ajuste de cuentas son los principales tipos de homicidio en la provincia desde hace más de 20 años;
  • El conocimiento previo entre víctima y victimario;
  • Víctima y victimario suelen ser varones y tener menos de 30 años: El 53 % de los victimarios de homicidio por riña tiene menos de 30 años. El 96% de los victimarios identificados por riña es masculino. En cuanto a las víctimas: el 46 % tiene menos de 30 años; el 35 % tiene menos de 25 años; y el 87 % es de sexo masculino;
  • El homicidio en riña está altamente concentrado en el espacio. Suelen ser enfrentamientos entre personas que conviven en el mismo barrio.

 

 

Las violencias altamente lesivas

Ahora bien, como dijimos arriba, la violencia letal hay que leerla en el contexto de violencias altamente lesivas. No se pueden comprender los homicidios dolosos sin las tentativas de homicidios, sin las peleas interpersonales entre jóvenes o vecinos, sin las balaceras, sin las violencias familiares y hacia las mujeres. Más aún, no se puede comprender la circulación de la violencia sin la expansión del mercado negro de armas de fuego, pero tampoco sin los procesos de degradación moral a través de las cuales se agravan y reproducen las desigualdades sociales. Hay que leer un problema al lado de los otros problemas, no se puede seguir actuado por recorte sino que hay que hacerlo por agregación: “constelando” los conflictos, comprendiendo sus condiciones y dinámicas sociales, mirando los distintos costados que tienen las situaciones problemáticas.

Un ensayo en esta línea es el Programa de Abordaje Integral para la Prevención del Delito y la Violencia, elaborado por la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso. Por ahora se trata de un programa piloto que está desarrollándose en los partidos de Moreno, Avellaneda y Quilmes. La elección de estos distritos, según nos contaron, no es casual. Son los territorios que muestran una tendencia preocupante, donde los usos de la violencia letal se han disparado.

El Programa de Abordaje Integral se diseñó en función de un diagnóstico previo elaborado con una herramienta metodológica de análisis criminal, muy interesante por cierto, llamada “Índice de Vulnerabilidad Barrial” (IVB). Este índice mide y cruza los delitos violentos (lesiones por arma blanca y armas de fuego, robo residencial con daños, vandalismo a escuelas y centros de salud, balaceras y homicidios dolosos), con otras dimensiones: la dimensión poblacional (la vulnerabilidad por grupo etario, es decir, con la población juvenil en riesgo); la dimensión resguardo (botones antipánicos) y la dimensión masculinidad. Todas esas dimensiones se conflacionan según distintas fuentes disponibles (SID, DePAID y SATE 911) con el fin de calcular el indicador de violencia. Una herramienta, entonces, que permite no sólo detectar los lugares más críticos en la provincia, sino en qué localidad y barrios se focaliza la violencia altamente lesiva. Pero, además, se propone detectar otras características que luego sirven para pensar la circulación de la violencia en esos lugares (qué días de la semana, a qué hora, en que radio, dónde viven los agresores y agredidos, etcétera).

Por ejemplo, en un barrio “X” del partido de Quilmes, el 43% de los eventos registrados corresponden a lesiones dolosas (37% corresponde a lesiones graves). Otro 43% corresponde a eventos de daño. El 38% de los delitos ocurre entre las 18 y las 24; y otro 38% ocurre también entre las 00 y las 6. En el SATE 911, el 42% de los despachos es por disparos de arma de fuego y un 28% por robo. Los sábados y domingos concentran el 40% de los despachos.

También la desorganización social es un ítem central para la implementación del programa. De hecho, una de las hipótesis con las que trabajan los funcionarios es la siguiente: donde hay menos organización, hay más circulación de la violencia. Los barrios con menos capital social acumulado necesitan una especial atención por parte de los gobiernos provincial y municipal. La organización en el territorio desacelera la violencia. Una tarea que, por cierto, corre por cuenta de cada gobierno local. Al municipio le tocará, entre otras cosas, mapear la trama organizacional e institucional existente, es decir, visualizar los recursos existentes en el territorio para luego desplegar los programas de prevención que apuntan, como dijimos en nuestra nota anterior, al “vivir bien”. No se trata de policializar los conflictos sino de abordarlos integralmente con la participación de las distintas agencias del Estado. Por eso se pretende robustecer a su tejido organizacional trabajando con las organizaciones e instituciones del territorio.

 

 

Conclusiones preliminares

Para terminar, saquemos algunas conclusiones muy provisorias. Todo indica que la Argentina en general (y la provincia de Buenos Aires en particular), comparada con otros países de la región y del mundo, no es un país violento. Sin embargo, hay barrios donde la circulación de la violencia empieza a ser cada vez más llamativa y preocupante. La violencia se distribuye desigualmente. Hay barrios donde no sucede absolutamente nada y otros barrios donde la violencia forma parte de la vida cotidiana, se encuentra entramada y acumula –como sugirió el antropólogo brasileño Michel Misse– a otras formas de violencias de larga data. La violencia altamente lesiva se encuentra focalizada en algunos barrios de los grandes conglomerados urbanos, donde la segregación espacial multiplica las desigualdades sociales (tanto las desigualdades objetivas, como las desigualdades percibidas al interior del propio territorio). Una violencia, como ya se dijo, muy diversa y con distintas escalas.

Los jóvenes varones suelen ser los agresores y agredidos. Razón por la cual algunos autores, como el investigador mexicano Juan Manuel Valenzuela Arce, comenzaron a hablar de “juvenicidios”. “El juvenicidio refiere al asesinato amplio e impune de jóvenes portadores de identidades desacreditadas”. Una práctica que descansa sobre estructuras adultocéntricas,  patriarcales, clasistas y racistas que reproducen sus intereses sobre perspectivas inyuntivas y estereotipadas, que genera relaciones desiguales y subordinadas. Una práctica que, para comprenderla, hay que leerlas al lado de otras dinámicas sociales productoras de formas de violencias altamente lesivas.

De modo que el telón de fondo de esta violencia altamente lesiva está vinculada centralmente a dos factores. Por un lado, al mercado de armas de fuego, es decir, a la facilidad actual para conseguir armas. Y en segundo lugar, como veremos en nuestra próxima nota, a la “cultura de la dureza” que organiza algunas relaciones de intercambio entre muchos grupos de jóvenes en determinados territorios. Una violencia expresiva y emotiva que tiene muchos destinatarios, algunos concretos y otros difusos. Una violencia que hay que explorar sin contarse cuentos pero también sin apelar al pánico moral.

 

 

 

*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor, entre otros libros, de Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.

**La ilustración de esta nota fue especialmente realizada por el artista Augusto “Falopapas” Turallas.

 

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