MÁS VALE EDUCAR QUE CASTIGAR

 

De la contemplación de los procesos genocidas que hubo a lo largo de los últimos siglos, y en lo que va del siglo XXI también, es una regla constante afirmar que no existe la posibilidad de que se precipite un genocidio, o un crimen masivo cometido desde ámbitos estatales, sin la construcción previa de un enemigo, a través de la proliferación y la difusión de discursos de odio.

Es decir, hoy en día sabemos que los discursos de odio son una condición necesaria para la consumación de un genocidio, esto es, para la consumación de Auschwitz o de la ESMA, para dar dos ejemplos que nos son muy próximos.

Esto surge muy claramente, por ejemplo, de lo que fue el genocidio armenio, en donde la mayoría musulmana, pan-árabe, del imperio turco-otomano, dispersó y divulgó durante siglos, discursos de odio contra la minoría armenia que estaba segregada y diferenciada, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también étnico.

Lo mismo ocurrió en el caso del genocidio nazi, respecto de numerosos colectivos perseguidos pero especialmente de los judíos, donde desde 1933 y hasta el inicio del proceso de exterminio —que comienza en 1941—, vamos a tener casi una década de preparación del genocidio, un largo período en el cual los nazis van a sembrar discursos de odio de modo cotidiano. Y no lo digo metafóricamente: todos los días, en Alemania a partir de 1933, y luego en Austria a partir de 1938, en Checoslovaquia en 1939, y luego en todos los territorios que fueron ocupando, cotidianamente se difundían discursos de odio: un día en la radio, otro día en el cine, otro día en columnas en los medios gráficos, otro día en panfletos, otro día en directivas que circulaban en las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, en donde se decía “los judíos son culpables”, “los judíos son delincuentes”, “los judíos son bacilos”, “los judíos son nuestros enemigos”, etc.

Y esto también ocurrió, por supuesto, en lo que fue el terrorismo de Estado, no solamente en la Argentina, sino en los restantes países del Cono Sur, en las dictaduras latinoamericanas.

De modo tal que creo que este es un punto muy importante para que nosotros tengamos en cuenta, en el sentido de que tenemos que estar muy atentos y sensibles a la aparición, irrupción, promoción o emergencia de discursos de odio que, casi siempre, o durante muchos años, han circulado en forma muy encapsulada, en grupos cerrados, de redes sociales, y de repente, a lo largo de los meses, empiezan a cobrar mayor protagonismo, a salir de esos ámbitos cerrados, y a circular de un modo más abierto. En especial, empieza a tener penetración en algunos ámbitos que son más proclives, y de entre ellos quizá lo más preocupante es entre las nuevas generaciones, que todavía, de una u otra manera, desde el Estado no se ha podido llegar con contenidos que permitan identificar y neutralizar esos discursos.

Por otra parte, la gran pregunta que nos venimos haciendo en los ámbitos que trabajamos estos temas desde hace décadas, es si conviene combatir la proliferación de estos discursos del odio desde la represión penal, o a través de otros medios alternativos.

En ese sentido, tengo una postura que al principio fue intuitiva, y luego también la fui reafirmando de una manera más elaborada —porque de hecho he participado de discusiones muy serias que se están dando en el máximo nivel de los organismos de derechos humanos, hablando de Madres, de Abuelas, de Hijos, del CELS y otros organismos que están trabajando en este tema—, y pese a que tengo más de treinta años de actuación en la justicia penal y llevo casi veinte años como juez federal en lo criminal, no estoy para nada seguro, y no creo, sinceramente, que la represión —es decir, la utilización de delitos penales para castigar actitudes como el negacionismo o el relativismo u otras formas agraviantes a la memoria de los sobrevinientes, de las víctimas y de los familiares de procesos genocidas o de crímenes masivos—, sea el camino.

Pero esta es una cuestión puramente de conveniencia: me parece que no es la estrategia adecuada desde un sistema democrático. Y voy a traer a colación una pequeña anécdota para intentar reafirmar mi punto.

Hace muchos años —quizás quien lea este artículo lo recuerde—, en mis primeros años como juez me tocó intervenir en un caso en el cual tres jóvenes habían agredido a otro, por su condición de judío: le hostigaron, lo empujaron y le depararon algunos insultos de carácter antisemita. En ese entonces, los medios de comunicación tomaron nota del caso y hablaban de tres skinheads que habían atacado a un chico judío. Ese caso llegó a mi juzgado. Tanto la víctima, como los victimarios, eran menores de edad.

Y después, al poco tiempo, cuando empezamos a indagar a los agresores, advertimos rápidamente que no eran skinheads, aunque por supuesto estaban cargados de prejuicios y muy contaminados con discursos de odio que circulan en algunos ámbitos, pero que carecían por completo de información real acerca de lo que había sido el Holocausto, o lo que había sido el nazismo, o quién era Hitler, o qué eran las SS, etc. Eran alumnos de un colegio industrial, corría el año 2005, y nunca habían tenido acceso a este tipo de contenidos educativos.

Entonces, en su momento, justamente entendí que no iba a ser para nada conveniente procesar, criminalizar a estos menores porque, por un lado, los iba a reafirmar en ese camino, y por otro lado, los círculos que verdaderamente participan de estos discursos de odio los iban a convertir en héroes, iban a manipular la situación judicial en beneficio de sus ideas y de su causa.

De modo tal que dejé de lado esa decisión y la reemplacé por una medida educativa, que fue constituir el Juzgado Federal en el Museo del Holocausto, y darles una clase de tres horas acerca de esta cuestión, y lo que había sido el nazismo, a los jóvenes agresores.

La actividad se llevó a cabo, terminó siendo muy positiva, y se resolvió el conflicto de la mejor manera posible.

Pero a lo que quiero ir, es a que, cuando algunos medios de prensa tomaron nota de lo que había sido la decisión judicial y el caso en sí, el tema escaló mediáticamente de una forma inusual, ya que varios diarios de circulación nacional llevaron el caso a la tapa, al consignar que “a tres skinheads se los llevó al Museo del Holocausto”, etc. Y luego, ese día y al día siguiente, todos los canales de televisión, los noticieros, fueron con sus cámaras al museo, entrevistaron a la directora… es decir, tuvo una repercusión mediática asombrosa que nadie vio venir. Evidentemente, entonces, hay aquí una cuestión que no podemos soslayar respecto de este otro camino, que se está explorando, de pretender criminalizar a este tipo de negadores o promotores de discursos del odio, a través de la herramienta penal.

De acuerdo a mi intuición y a mi experiencia, si nosotros damos este paso, consistente en criminalizar con pena de prisión, a quienes agravian de alguna manera, a través de la negación, o la relativización de estos procesos genocidas, lo que vamos a hacer es facilitarles la tarea a estos sectores, para llegar con su discurso de odio al corazón del sistema mediático en nuestro país. Porque no va a haber medio de comunicación —incluyendo los hegemónicos o los más importantes— que, a partir de esta cuestión de la judicialización penal de estos casos, no le vaya a dar pábulo a estos discursos, a través de la reproducción de lo que van a pasar a ser noticias del ámbito judicial.

Y es muy previsible el discurso a agitar por estos promotores de los discursos del odio, porque ya pasó en otras experiencias comparadas, por ejemplo en España.

¿Qué van a sostener? “Nos están atentando en nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión” y “nos están coartando en nuestro derecho constitucional a la libertad de prensa”. Y con estas banderas se van a escudar paradójicamente detrás del discurso del sistema democrático, y es muy probable que terminemos perdiendo la batalla, como pasó en España, en donde se criminalizaron este tipo de discursos (por supuesto en un contexto muy diferente al nuestro, una España que no le ha proveído al pueblo español ni verdad, ni memoria, ni Justicia, ni reparación respecto de los crímenes del franquismo), pero levantan la mano en el Parlamento y criminalizan los discursos que niegan los crímenes.

Pues bien: la Audiencia Nacional en Madrid convocó en carácter de imputado, criminalizó y procesó a los responsables de una editorial tradicional franquista de Barcelona, porque publicaba obras negacionistas, no solamente del franquismo sino también del genocidio nazi. Los llevó a juicio penal.

Ante tal noticia, todos los medios de comunicación siguieron el caso con sumo interés: se llevó la cuestión del discurso de los negacionistas al centro de la escena mediática, le pusieron una alfombra roja para que tales personeros del odio accedan, como nunca antes, a los principales espacios periodísticos del país.

¿Y cómo terminó este proceso? El Tribunal constitucional Español, en 1996, anuló la ley. Es decir, le dio la razón a los acusados y sus defensores. Fue una derrota catastrófica para la democracia española.

Sinceramente, yo no querría que todo esto que acabo de relatar pase en nuestro país. Creo que deberíamos ahorrarnos todo este infausto derrotero.

En mi opinión, el camino en el que tenemos que empeñarnos, y redoblar los esfuerzos, es en la educación. Tenemos que insistir por este camino, como venimos haciendo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, desde hace veinte años. Nosotros, desde la Argentina, tenemos una plataforma mucho más fuerte en términos culturales: allí está el ejemplo evidente de lo que ocurrió en 2017, en términos de movilización popular, con la llamada “Marcha del 2 x 1”. En tal sentido entonces, frente a los acontecimientos que han sucedido recientemente, creo que no debemos alterar el rumbo, sino reafirmarlo, no caer en tentaciones represivas, que traerán aparejadas muchas más desventajas y retrocesos.

No nos desesperemos, no cometamos errores, tenemos que insistir en este mismo camino: educar, educar y educar. Tenemos con qué. Si no lo puede hacer la Argentina, no lo puede hacer nadie en el mundo, de acuerdo a lo que han sido las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Ahora tenemos otro notable y muy reciente ejemplo, cual es el formidable éxito de público que tuvo el estreno del film Argentina, 1985 que retrata el proceso de formulación de la acusación a las Juntas Militares durante el juicio que tuvo lugar en ese año ante la Cámara Federal de la Capital por parte de los fiscales Strassera y Moreno Ocampo. Dicho acontecimiento es un ejemplo notable de cómo desde las actividades artísticas y culturales también se realizan aportes significativos a la política de Estado antes enunciada, y cómo, a la vez, repercute y retroalimenta el proceso en la sociedad, que la celebra y le da su apoyo.

En definitiva, frente a esta situación que estamos viendo en los últimos tiempos, me parece que no tenemos que confrontar con los referentes que pretenden valerse de estos discursos del odio para supuestamente ganar mayor clientela política.

A lo que tenemos que apuntar es a que, en el mediano plazo, cuando estos referentes apelen a estos discursos de odio, estos caigan en saco roto, no tengan repercusión, es más, que sean contraproducentes para sus ambiciones políticas.

Distinta es la situación si quien profiere discursos negacionistas es un funcionario público —electo o designado—, en el ejercicio de sus funciones: aquí resulta evidente e ineludible considerar afectadas las expectativas ciudadanas en el correcto desempeño de los servidores públicos, y por ende, sería perfectamente viable castigar a ese agente negador del terrorismo de Estado, con una pena de inhabilitación para ejercer la función pública. Respecto de esta idea, existe amplio consenso para avanzar en materia legislativa.

Y la otra iniciativa en la que debería insistirse, consiste en presionar a las grandes corporaciones trasnacionales propietarias de las redes sociales masivas, por donde fluyen casi sin límites discursos de odio, a que establezcan criterios restrictivos y sanciones a usuarios responsables de estos comportamientos, sobre lo cual, las Abuelas, para variar, han dado recientemente un paso decisivo, al conminar a una de dichas mega-empresas a poner límites y restricciones en la Argentina, al igual que lo vienen haciendo en Alemania con los discursos pro nazis.

Esta estrategia me parece mucho más útil e inteligente que la de ponernos a perseguir, uno por uno, a los destinatarios y reproductores de dichos discursos, que en su mayoría, son individuos cuya subjetividad ha sido penetrada y moldeada precisamente para esos fines: siempre es mucho más conveniente intentar resolver un problema social, concentrando los esfuerzos en atender a sus causas, y así tender a neutralizar, en mucha mayor medida, sus efectos.

 

 

 

* Daniel Rafecas es doctor en Derecho penal (UBA). Profesor regular de Derecho penal (UBA, UNR). Juez Federal, a cargo desde 2004 de la megacausa de I Cuerpo de Ejército.

 

 

 

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