Menos es más

Altas ganancias con tierras urbanas en la ciudad de Neuquén

 

La evolución del precio del metro cuadrado de suelo urbano en la ciudad de Neuquén, en siete años y en un solo caso, da una idea de la millonaria transferencia de recursos públicos a capitales privados amigos que realizó el gobierno municipal con operatorias de compra, venta y canje de tierras fiscales desde 2012. Una firma local sin antecedentes conocidos fue elegida para recibir en canje 3,4 hectáreas para su urbanización en una zona estratégica próxima al centro comercial y administrativo de la capital provincial. Dos años después, el propio gobierno municipal invirtió millones en infraestructura vial que revalorizó ese espacio y volvió innecesarias para el Estado algunas de las razones originales de la operatoria de canje.

En 2015, la gestión de Horacio “Pechi” Quiroga (UCR/Cambiemos) firmó con Desarrollos Inmobiliarios Australes S.A. (DIASA) un acuerdo de compraventa y ejecución de obra por tierras valuadas en cerca de 21 millones de pesos por el Tribunal de Tasación Provincial el año anterior. La firma debía pagar con obras viales y de movimiento de suelos el equivalente a cerca de 26 millones, lo que revalorizaba su propia inversión. Con la cotización del dólar de ese año, la transferencia se hizo por el equivalente a 65 dólares el metro cuadrado. Hoy, cruzando la calle, una inmobiliaria vende a 1.500 dólares el metro cuadrado, según el monitoreo del mercado de tierra pública que hace el Grupo por un Hábitat Digno de Neuquén.

 

 

La operatoria con DIASA muestra la dinámica instrumentada desde el Estado local para transferir recursos públicos (tierra, obra de infraestructura y financiamiento) a la medida del mercado inmobiliario y, sobre todo, de un puñado de firmas ligadas a la prestación de servicios a los hidrocarburos y a políticos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. A la vez, muestra una red de empresas que sugieren las formas del drenaje de recursos en esta etapa del neoliberalismo en las provincias patagónicas.

 

 

Iniciativas

El Estado municipal tomó la iniciativa para, supuestamente, hacer lugar a la iniciativa privada. En 2012 resolvió desafectar espacios verdes, venderlos “a precio de mercado” para urbanizar el acceso norte sobre una ruta que conecta dos barrios (Barda Norte y Gamma) y firmar un convenio con el desarrollador. Tanto el Ejecutivo como los concejales del oficialismo insistieron en que una empresa impulsaba el proyecto, pero no la identificó hasta dos años después, cuando se formalizó un acta de intención con los precios fijados por el Tribunal de Tasación.

Hay diferencia entre las superficies que se discutieron en ese momento en el Concejo Deliberante y las que constan en el contrato firmado en mayo de 2015 con el contador Augusto Joaquín Eyheraguibel en representación de DIASA. También difiere el directorio de la firma entre 2012 que empezaron las conversaciones, la firma del canje y la actualidad.

El municipio canjeó cinco fracciones que suman 34.872 metros cuadrados eximidos de ceder espacio verde por valor de 20.900.494 de pesos. La empresa pagó con obras viales y movimiento de suelo en los mismos terrenos adquiridos. Después, por otros contratos y con otras empresas, se amplió el espacio de urbanización del nodo norte. Este mecanismo de canje es diferente al de remate de tierras fiscales, aunque paralelo y complementario en beneficio del mismo grupo de firmas.

 

 

DIASA, un envase

Eyheraguibel, contador de Neuquén, era la cara visible en Plottier de Key Energy Services S.A., filial argentina de la firma radicada en Estados Unidos que cambió de dueños en 2012. Por ese mismo año firmó con la gestión Quiroga un contrato de adjudicación directa de una obra para DIASA. Esa firma surgió en 2011, cuando Gueman Exportadora e Importadora S.A. cambió su denominación a DIASA y se incorporaron al directorio Nicolás Eixarch y Constanza Pía Del Giovaninno, según consta en boletines oficiales. Después de formalizados los acuerdos con el gobierno local, en 2015 se volvió a cambiar el directorio e ingresaron Eyheraguibel y Pablo Luis Pérez.

Por esos tiempos, Eyheraguibel afrontaba un conflicto judicial por presunta estafa de tierras a una cooperativa de viviendas con varios socios, entre ellos Fernando Luis Bradach. La Justicia neuquina cerró el caso por prescripción de los plazos y a otra cosa. Ambos siguieron comprando tierras para lotear, en forma personal o a través de firmas asociadas, juntos y por separado, de acuerdo a los resultados de las licitaciones públicas. En 2017, Eyheraguibel accedió a tierras en condominio con Hormiquén S.A. y Bradach. Al año siguiente, a otras a través de su firma EYB, en condominio con Servipet S.A. y Braco S.R.L.

A días de finalizar su mandato de gobierno, la gestión municipal firmó un convenio complementario de obra de infraestructura con DIASA, a partir de entonces con Soledad Seewald Stekli como presidenta del directorio. La familia Seewald Stekli es la propietaria de Servicios Confluencia S.A., que hace parte de la obra de la urbanización de DIASA y de los complejos más cotizados en el mercado local. Se concentra el capital local y se concentra el círculo de beneficiarios del drenaje de recursos públicos del municipio, cuyo presupuesto es el segundo en importancia después del provincial.

 

La obra de DIASA.

 

El itinerario de Confluencia es sugerente por sus ramificaciones. Durante las gestiones de los intendentes Aníbal Tortoriello de Cipolletti y Miguel Martínez de Ingeniero Huergo, municipios del Alto Valle de Río Negro, la maquinaria pesada de la firma neuquina desembarcó en la obra pública local. A la vez, la firma tradicional de la familia Tortoriello consiguió dos hectáreas en el primer remate de la reserva industrial en 2016.

Grupo por un Hábitat Digno tiene unos pocos años como asociación civil. Participa de un esfuerzo colaborativo por comprender el modelo de apropiación desigual del suelo urbano y de la renta. En el caso del canje en favor de DIASA, “las ordenanzas no dan cuenta del marco normativo ni de la obligación legal del Estado municipal en la construcción de un banco de tierras. No ponderan el valor estratégico del suelo para la ciudad y devalúan los recursos públicos”, señalaron en un documento interno. Además, alertan sobre el papel que cumple el Tribunal de Tasación que, en sentido estricto, no es un tribunal ya que “no cumple función jurisdiccional. Son funcionarios dependientes del gobierno provincial y municipal. Nunca pudimos acceder a sus resoluciones, nunca contestaron nuestros pedidos de informe”.

La reproducción del neoliberalismo se nutre de los hidrocarburos y se sostiene con hormigón armado en Neuquén.

 

 

 

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