Nos quedamos sin evaluación

 

Durante la mañana del 15 de noviembre, el GCBA convocó al Foro Permanente Participativo del Consejo del Plan Urbano Ambiental creado por Ley N.º 71 para informar sobre los lineamientos de modificación del Código Urbanístico (CUr) en los que el Poder Ejecutivo viene trabajando. 

Cabe destacar que el CUr, aprobado en el año 2018, provocó el estallido de conflictos socio-ambientales en toda la ciudad al habilitar un exorbitante incremento de la capacidad constructiva de las parcelas.

Es oportuno señalar que el Código Urbanístico fue aprobado sólo por el bloque del PRO, sin apoyo de ningún sector de la ciudadanía ni de otras fuerzas políticas, luego de un procedimiento con carencia absoluta de participación ciudadana real y de diagnósticos o estudios serios e integrales de la ciudad.

Por este motivo, el propio Código Urbanístico, en su art. 1.1.4, estableció la obligatoriedad de que el Poder Ejecutivo evalúe el funcionamiento del CUr cada cuatro años en relación con el Plan Urbano Ambiental vigente.

Además estableció que esta evaluación debe realizarse con los instrumentos de participación y de monitoreo del Plan Urbano Ambiental. 

Nos encontramos a cinco años de la aprobación del Código Urbanístico. Pensamos que la convocatoria al Foro Permanente Participativo iba a ser el primer paso para iniciar el procedimiento de evaluación, pero no fue así. 

En la reunión se informó que el proyecto de ley de modificación del CUr que el Poder Ejecutivo enviará en las próximas semanas a la Legislatura surgió del reclamo de asambleas de unos 15 barrios, algunas de las cuales presentaron proyectos de ley en la Legislatura a fin de buscar proteger sus barrios de la sobre-construcción (Expediente 3009-P-2022 - barrio Villa Devoto; Expediente 2998-P2022 - barrio Villa Ortúzar; Expediente 768-P-2023 - barrio Villa del Parque; Expediente 1242-P-2023 - barrio Palermo; Expediente 1199-P-2023 - barrio Chacarita; Expediente 2116-P-2023 - barrio Coghlan; Expediente 1857-P-2023 - barrio de Constitución; Expediente 1980-P-2023 - Barrio de Colegiales).

El Poder Ejecutivo identificó 5 problemas transversales en los reclamos vecinales: Alturas, ocupación del centro libre de manzana (pulmón de manzana), saturación de usos, retiro de frente de la línea oficial, protección patrimonial de inmuebles. Con relación a la mixtura de usos del CUr, el gobierno sostuvo que se conservaría el modelo actual vigente por considerarlo “sano para la ciudad” y que estaría evaluando cómo regular la saturación de usos. 

 

 

 

 

 

Frente a la consulta que realizamos sobre los alcances de la modificación del CUr, los funcionarios respondieron que la propuesta de modificación del CUr, por decisión del Poder Ejecutivo, quedará reducida a estos puntos enfocados principalmente en los barrios que realizaron reclamos, con algunos cambios normativos de alcance para toda la ciudad. 

 

 

Hace un año, el Poder Ejecutivo debió iniciar el procedimiento de evaluación de la integralidad del Código Urbanístico que implicaba realizar un diagnóstico con instancias reales de participación. En la reunión de este 15 de noviembre, quedó en claro que el GCBA decidió incumplir con el mandato legal, ya que no tiene contemplado iniciar el procedimiento de evaluación del Código con las etapas y la participación ciudadana que ordenan el CUr y el Plan Urbano Ambiental. 

Esto implica anular las instancias necesarias para plantear y corregir problemas graves que genera el CUr en toda la ciudad. Recordemos que el CUr desde sus inicios no cumplió con los alcances que debía tener de acuerdo con el Plan Urbano Ambiental, por ejemplo, no reguló el espacio público ni la correspondencia entre lo que se construye y la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios y el equipamiento urbano.

Los problemas de la ciudad y de su planificación no se reducen a una cuestión de alturas u ocupación del pulmón de manzana. Hace pocos días se conoció un informe técnico elaborado por el arquitecto Mota de la Guardia de Auxilio de la Ciudad de Buenos Aires. Entre junio y septiembre, la Guardia de Auxilio inspeccionó distintos domicilios del barrio Núñez, uno de los más afectados por esta lógica de la sobre-construcción sin límite. Las conclusiones de su informe son contundentes, los suelos de Núñez eran originalmente pantanos, suelos bajos que se fueron rellenando y hace más de un siglo el barrio se fue consolidando como un barrio de casas bajas. Estos suelos inestables, con huecos o cavidades, tienen tendencia al hundimiento. El informe asegura que las construcciones en altura con subsuelos, que obligan a drenar continuamente las aguas de la napa para que no se inunden, son responsables de los innumerables daños a las casas bajas. Y además alerta que, si continúan construyendo edificios en altura con subsuelos, los daños a las viviendas se irán agravando. Es decir, no es posible sobre-densificar en las avenidas sin una evaluación integral de las características del suelo y del subsuelo. No podemos discutir aisladamente la readecuación del Plan Hidráulico, que es obsoleto —prueba de ello, las inundaciones de todos los noviembres—, el destino del conjunto del borde costero y modificaciones parciales al código urbanístico.

Tenemos que planificar para que la población pueda acceder a la vivienda propia y en alquiler que ahora resulta casi imposible. Debemos adecuar la planificación para afrontar adecuadamente la crisis climática, para estar mejor preparados para futuras pandemias o para preparar a la ciudad frente a las amenazas de origen natural a las que está expuesta: las inundaciones y las olas de calor. La infraestructura de servicios está colapsada, el espacio público está privatizado y desregulado su uso, la contaminación sonora está desbocada. Son múltiples las emergencias de la ciudad, y la planificación a través de su principal instrumento normativo, el CUr debe ser parte de la solución. 

También cabe recordar que el Plan Urbano Ambiental ya debió ser actualizado tres veces y aún no lo fue ni una vez. La Justicia ordenó al GCBA aprobar un Código Ambiental para la ciudad y esto tampoco figura en la agenda actual del GCBA. La no evaluación del CUr, violando el mandato legal, es parte de la decisión de un GCBA que prefiere la des-planificación para que la ciudad quede a merced de la especulación inmobiliaria. 

El proyecto de ley de modificación del CUr que el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura será una modificación parcial para atender la emergencia urbanística y ambiental en la que se encuentran algunos barrios de la ciudad como consecuencia de la sobre-construcción descontrolada habilitada por el CUr, y para dar respuesta a los proyectos de ley presentados por las asambleas barriales. Numerosos representantes de esas asambleas señalaron que el ejecutivo ignoró muchos de los aspectos que presentaron en sus proyectos de ley, y solo atendieron parcialmente la cuestión de las alturas. Muchos participantes plantearon la falta de una mirada integral respecto a la planificación de la ciudad y la ausencia de instancias reales e institucionales de participación ciudadana. 

El GCBA, una vez más, pone en evidencia su falta de entendimiento respecto a cómo deberían ser las instancias participativas para discutir democráticamente cuestiones tan sustanciales para la ciudad como es su planificación. 

La reunión referenciada del Foro Permanente Participativo fue la primera reunión institucional abierta a la ciudadanía. Previamente, el Poder Ejecutivo había convocado a reuniones informales a algunas asambleas barriales para escuchar sus propuestas de modificación del CUr, pero estas instancias no cumplen con los requisitos para ser consideradas instancias institucionales de participación ciudadana (difusión pública de la convocatoria, convocatoria abierta, publicidad de los informes o evaluaciones, canales institucionales de comunicación, registro de las reuniones, etc.).

En esta primera reunión institucional, el Poder Ejecutivo informó de manera muy superficial los lineamientos de sus propuestas de modificación del CUr en 13 diapositivas. No informó ninguna propuesta con gran detalle y en algunos casos sólo mencionó el título. Claramente una instancia con deficiencias informativas graves. La participación consistió en que cada persona que pudo ingresar al Zoom —en horario laboral— pudiera realizar toda su crítica o sus aportes al Código Urbanístico en tres minutos.

Lo más grave es que esta será la única instancia de participación institucional hasta la audiencia pública que será convocada luego de que la Legislatura apruebe en primera lectura del proyecto de ley. Es decir, como ciudadanía, sólo conoceremos el proyecto de ley una vez que sea presentado en la Legislatura y sólo podremos opinar institucionalmente una vez que sea aprobado en primera lectura por el cuerpo legislativo. Un desatino democrático. 

El Poder Ejecutivo tuvo todo un año para realizar instancias de participación en todas las comunas, pero decidió ir postergando la discusión con promesas para evitar críticas públicas en plena campaña electoral. 

Ahora el Poder Ejecutivo extorsiona a las asambleas barriales con el argumento de que las leyes deben salir rápidamente para evitar profundizar la emergencia urbanística que atraviesan los barrios de la cual el GCBA es el principal responsable. Si la voluntad del GCBA fuera genuina respecto a la revisión del CUr, inmediatamente podría frenar los permisos de obra nueva. Si se respetara el pedido de las asambleas barriales de “suspensión de los permisos”, se ganaría tiempo para la posibilidad de un debate más democrático para esta modificación parcial y de emergencia del CUr. Pero los funcionarios tildaron esa medida de “imposible” y alegaron que no hay motivo para hacerlo porque hay un código vigente, desconociendo que es este mismo código el que genera la actual crisis urbanística. 

Muchas voces en la reunión se pronunciaron en contra de los convenios urbanísticos, excepciones inmobiliarias que el ejecutivo naturalizó para beneficiar a los beneficiados de siempre: los grandes desarrolladores inmobiliarios. Sobre este tema, los funcionarios reafirmaron que se mantendrán los Convenios Urbanísticos, pero no contestaron la pregunta sobre los más de 30 expedientes que ya tienen factibilidad, todas torres que exceden lo permitido por el código, en altura y capacidad constructiva. Cualquiera sea la nueva versión del código que salga de este ejercicio, las excepciones seguirán, ya sea avaladas por la Legislatura a través de los convenios u otorgadas de forma ilegal por el Poder Ejecutivo.

 

 

 

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