PARA QUE DESCANSEN EN PAZ

El espionaje a las mujeres del submarino San Juan detrás de la primera indagatoria a Macri

 

Sólo faltaba la decisión política. Hace un tiempo que en el juzgado federal de Dolores comandado por Martín Bava se había firmado la indagatoria a Mauricio Macri, luego de que los ex peces gordos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Cristina Majdalani, desfilaran por el espionaje a los familiares del submarino San Juan. Pasadas las elecciones primarias, cuando parecía que había recuperado la sonrisa, a Mauricio Macri volvió a agitársele su rutina. Experto en gambetear otras causas resonantes en su contra como las del Correo Argentino, el negocio de los peajes y la de persecución a políticos, jueces, gremialistas y periodistas, la del espionaje ilegal del submarino no llegaba a incomodarlo pese a las pruebas acumuladas en su contra. Hasta que llegó la citación.

Lo encontró en Miami. Mauricio Macri se preparaba para el cierre de encuentros con empresarios, medios e instituciones académicas, donde presentó su libro “Primer Tiempo”. Hacía unos días, en República Dominicana y durante el encuentro “Desafíos Económicos y Geopolíticos en América Latina y el Caribe”, había sido tendencia en las redes engrosando su lista de frases célebres al decir, en un ataque de sincericidio, que la democracia “es el peor de los sistemas, pero el único posible”. Cuando se preparaba para sus habituales salidas de shopping, playa y business por Miami, su teléfono sonó con un mensaje perentorio: apenas pegue el regreso a Argentina, no podrá volver a salir del país. Así de simple y sencillo, en lo que será la primera citación a declarar en calidad de imputado desde que dejó el sillón de Rivadavia.

En lo que fue la noticia bomba que cerró la semana, el juez Bava fue claro y contundente: lo imputó como máximo responsable, en su cargo de ex Presidente, de haber “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas”. Macri deberá apurar su retorno: fue citado para el 7 de octubre, a las 11 de las mañana, en el juzgado de Dolores. Además, en el mismo fallo, el juez procesó sin prisión preventiva al ex titular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y a su mano derecha, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno.

 

 

Foto: Ray Collins

 

 

“Los cargos más altos de la Agencia Federal de Inteligencia fueron quienes llevaron adelante la planificación, la organización y la distribución de la información ilegalmente producida por la Delegación de Mar del Plata; la cual, sin dudas, llegó a lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional”, se lee de forma categórica en el expediente que investiga cómo los espías, entre fines de 2017 y a lo largo de 2018,  anticipaban a Macri todos los reclamos que planeaban hacer los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos. Sabían, en efecto, quiénes serían las viudas que hablarían en las reuniones con funcionarios y hasta qué petitorios iban a presentar.

Hubo otro teléfono que sonó este viernes, pero del lado de la costa bonaerense. Malvinas Vallejos, hermana del submarinista Celso Vallejos, trabaja como personal civil en la Base Naval de Mar del Plata y se enteró por una amiga de la noticia. La indagatoria a Macri, dice, no la tomó por sorpresa –porque sabía que, tarde o temprano, la citación iba a llegarle– y ahora, con esta novedad, renovó sus ilusiones para que se sepa la verdad del espionaje: “Lo único que espero es que pague por su responsabilidad en el espionaje. A casi cuatro años de la desaparición del submarino, queremos justicia, memoria y verdad para que mi hermano y los otros 43 tripulantes descansen en paz”. Su madre, Zulma Sandoval, fue una de las primeras familiares que encabezaron guardias en la Base Naval de Mar del Plata, pernoctando en el frío del invierno, frente al mar. También se encadenó en la Plaza de Mayo, donde padres, madres, esposas e hijos de los submarinistas acamparon por más de cincuenta días pidiendo que buscaran el submarino, desaparecido el 15 de noviembre de 2017.

 

 

Foto: Ray Collins

 

 

Malvinas Vallejos es una de las víctimas directas del espionaje y su caso ocupa una de las fichas personales que los vigilantes trazaron en sus informes a través de seguimientos, infiltración en marchas, hackeo de correos electrónicos, registros fotográficos y de sus perfiles de redes sociales, tal como viene denunciando El Cohete a la Luna desde el año pasado en diversas investigaciones. “Fuimos manoseados y tan maltratados que hasta Macri nos espió. Fue algo muy morboso”, se indigna Zulma, su madre.

Las primeras denuncias en sede judicial sobre el espionaje ilegal se realizaron en abril de 2018, cuando las víctimas notaron que sus celulares experimentaban llamativas irregularidades. “No fue una tragedia: a los tripulantes los mandaron al muere con una nave repleta de desperfectos”, decía en aquel momento la abogada querellante Valeria Carreras. “Eso es lo que reclamaban las mujeres de las víctimas. Y encima que las maltrataban cuando los recibían en Casa Rosada, por atrás sabían quiénes eran las que organizaban las marchas y qué tipo de reclamos iban a hacer. El espionaje fue para adelantarse a sus reclamos y ofrecerles falsas promesas. Antes de que un fiscal investigara, lo denunciamos en la justicia y nos trataron de locas”.

El perfil de las esposas de los tripulantes que espiaron desde la AFI macrista era preferentemente el de mujeres jóvenes, sin experiencia previa en movilizaciones, mujeres del interior del país que en su mayoría se habían mudado a Mar del Plata para acompañar a sus maridos en la Armada, con sus hijos a cuestas. A ellas se les unieron en el reclamo los familiares de otros barcos pesqueros hundidos, como el “Rigel” y “El Repunte”. Pese a las denuncias previas de la querella, la causa por el espionaje ilegal recién se originó en septiembre de 2020 –y tras un allanamiento en la AFI de la delegación Mar del Plata– cuando la justicia federal argentina se encontró impensadamente con una pila de discos y material digital. Al abrirlos, comprobaron que eran registros del espionaje a las viudas. La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, convocó a los medios a una conferencia. Luego radicó la denuncia, donde pidió la indagatoria de Macri, de los ex jefes de la AFI Arribas y Majdalani, del director de Reunión Interior –una dependencia de la ex-SIDE dedicada a recolectar información desde las provincias– y del jefe de la delegación marplatense de la AFI. El pedido de Caamaño –con el correr del tiempo– se fue convirtiendo en realidad, una rareza en los tiempos lentos de la justicia cuando se trata de una pesquisa que compromete a poderosos de la política.

“La inteligencia es instrumental a todo gobierno. El problema es cuando se hace de forma ilegal, sin orden judicial”, había dicho en primera instancia el fiscal Daniel Adler de Mar del Plata antes de que la causa pasara a Dolores. Adler investigó que en el espionaje participaron, además, oficiales de la Armada. La familia Vallejos fue una de las más espiadas. En una audiencia judicial, Malvinas Vallejos se reconoció en una foto del expediente. Se la habían sacado los espías durante una marcha en Mar del Plata sin que ella se diera cuenta. A Zulma el celular le falló durante meses: se prendía y apagaba, se ponía a titilar, se borraban mensajes. Luego supieron que era porque los estaban espiando. Es uno de los seis hechos concretos por los que el juez Bava indagará a Mauricio Macri, a quien le decretó la prohibición de salir del país. Los investigadores confirmaron a este medio que no existe ninguna fisura para contradecir la hipótesis de un espionaje ilegal organizado y sistemático contra los familiares del  San Juan. Hipótesis directriz que empezó a diseñar el fiscal Adler y continúa ahora el juez Bava junto al fiscal Juan Pablo Curi.

“No deja de sorprender a este magistrado que casi la totalidad de las víctimas resultan ser mujeres. Son las madres, las hermanas, las parejas de los tripulantes del submarino y de los buques Rigel y El Repunte, que solo buscaban –y buscan– saber qué pasó con sus seres queridos”, enfatiza el magistrado en un pasaje del procesamiento. Los métodos eran diversos. Se acercaban a las mujeres, primero por redes sociales y luego en las reuniones alrededor de la Base Naval, ganándose su confianza. Agentes que llegaron a hacerse pasar por periodistas o por brujos y mentalistas que decían tener visiones sobre la nave. “Y eran profesionales al estilo de Alfredo Astiz. Espías que posaban con actitudes angelicales, apoyando buenas causas, y que por detrás pasaban información”, explica la abogada Carreras.

Isabel Polo perdió a su hermano, Daniel Alejandro Polo, en el hundimiento del submarino. Hoy dice sentir un raro cosquilleo por la noticia de la indagatoria a Macri, algo que, por su larga experiencia como familiar reclamando por justicia, toma con cierta cautela. “Primero esperamos que se presente, luego que declare y tercero que no mienta. Hay pruebas irrefutables como reuniones en Casa Rosada con los familiares donde él sabía de antemano qué le íbamos a presentar en el petitorio. Eso porque los espías ya lo habían puesto al tanto de nuestros reclamos. Macri no puede callar al respecto”.

“Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri”, corrobora Bava en el fallo, compuesto por 166 carillas. Hay un antes y un después, según los familiares de las víctimas, en el pedido a indagatoria del ex Presidente. Para el abogado querellante Luis Tagliapietra, la presunción de los altos mandos de la AFI en desconocer el espionaje realizado contra los familiares del submarino –tanto Majdalani como Arribas negaron los cargos en sus declaraciones– es posible que también sea usada como estrategia por Macri. “No puede alegar desconocimiento, porque en la causa hay documentos formulados por espías que están dirigidos hacia él –dice Tagliapietra, en diálogo con este medio–. Se caía de maduro que Macri no iba a poder zafar mucho más tiempo, era algo muy esperado por nosotros. La enorme cantidad de mentiras y manipulación que soportamos en la búsqueda de la nave se agrava aún más con que nos hayan espiado. Se aprovecharon de la vulnerabilidad de las víctimas mientras los organismos del Estado, lejos de protegernos, nos investigaba por detrás. La decisión del juez Bava es una grata sorpresa, porque a diferencia de las otras causas, ésta avanza con rigor y rapidez”.

 

 

Foto: Ray Collins

 

 

El espionaje ilegal, en rigor, es la punta del ovillo de una responsabilidad política mayor. Lo cierto es que la Justicia argentina aún investiga la complejidad de la trama del ARA San Juan –su hundimiento, posterior desaparición y búsqueda hasta dar con la nave en el fondo del mar, un año después del siniestro– con preguntas inconclusas.

  • ¿Por qué se hundió el submarino?
  • ¿Hubo falta de mantenimiento y fallas mecánicas que le impidieron salir a la superficie?
  • ¿Cuáles fueron las responsabilidades en la cadena de mandos al detectarse el incendio en la nave?
  • ¿Por qué se demoró tanto la búsqueda si se aplicó la más alta tecnología mundial?
  • ¿Existió un encubrimiento del gobierno de Macri que permitió esconder información y ganar tiempo ante la opinión pública bajo oscuros motivos económicos y políticos?

Lo más asombroso, de todas maneras, es el espionaje del aparato de inteligencia del Estado macrista que tuvo como blanco a las familias de los tripulantes, algo que ha sido reflejado con escándalo por medios internacionales. Mauricio Macri como máximo responsable de la estructura de inteligencia ilegal del Estado en una maniobra que, según el juez Martín Bava, es de “una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia. Y vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de estas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido”, de acuerdo a sus argumentos en el fallo.

Se espera un efecto dominóa partir de ahora. Desde la desaparición del submarino, la jueza federal Marta Yáñez empezó a investigar las causas del siniestro. La causa madre se abrió en Caleta Olivia, una ciudad de la Patagonia, donde la jueza imputó por estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio a seis jefes de la Armad –entre ellos, Hugo Correa y Claudio Villamide, los últimos que hablaron con el comandante de la nave–. La investigación no está cerrada y todavía se analizan las responsabilidades de Macri, de su ministro de Defensa, Oscar Aguad, y del ex jefe de la Armada, Marcelo Srur.

Pero la mayoría de los familiares cree que la jueza no demostró  energía en la conducción del expediente. Por ejemplo, tardó dos meses en allanar las oficinas de la Armada, cuando las querellas reclamaron que lo primero que había que hacer era secuestrar la documentación sobre el submarino. Pidieron su recusación, aunque fue reafirmada en el cargo por la Justicia.

El escándalo subió de tono en noviembre de 2020. A casi tres años de la desaparición del San Juan, el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Enrique López Mazzeo –que, además, es uno de los imputados en la causa que comanda la jueza Yáñez–, reveló que el gobierno nacional, encabezado por Macri, ocultó a los familiares y a la opinión pública nacional e internacional que habían ubicado el submarino el 5 de diciembre de 2017, es decir, a veinte días de su desaparición. El punto de localización había venido desde Chile, pero la Argentina decidió no buscarlo. La revelación de López Mazzeo, que conmocionó a los familiares, ocurrió en sede judicial y hasta el momento no ha recibido ninguna refutación.

“¿Por qué esperaron un año para anunciar su hallazgo? Porque realmente no les interesaba, pero también hay otra arista y son los posibles negociados para explotar petróleo en el lecho submarino, como hicieron con la firma Igeotest Geosciences SL, una empresa española con muchas deudas que se contrató para la búsqueda de la nave cuando en realidad era experta en prospecciones petroleras y no en submarinos. Si no fuera por los parientes de los tripulantes, el macrismo seguía con el contrato como si nada”, aduce la abogada querellante Valeria Carreras, que denunció por presunto encubrimiento a Macri y Aguad. Todas esas causas, anexas al espionaje ilegal, cobran ahora otro protagonismo con la indagatoria a Macri.

–Los familiares fueron gente bastardeada, investigada de la manera más cobarde e innecesaria. El espionaje es la postal de una situación inadmisible en un estado de derecho. Pisotearon el alma de las familias y ahora lo que vemos es una evolución de la justicia en llamar a declarar a Macri, que constituye un impacto político enorme –resume a este medio Fernando Burlando, compañero de Valeria Carreras en una de las querellas.

A Mauricio Macri los días del bronceado en Miami parecen, por lo pronto, habérsele perturbado. De apuro, mientras tanto, comunicó a través de sus allegados que se trata de otra causa armada por el actual gobierno en su contra y que de todas maneras se presentará a declarar pese a definir al juez Bava como incompetente en la causa. Quien lo conoce, no lo ha visto cómodo en su inmediata reacción a lo que será su primera indagatoria como ex Presidente. Y eso, en su fuero íntimo, ya representa un pesado infortunio.

 

 

 

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