Sin territorio no hay salud

 

La cuestión de los pueblos indígenas en referencia a sus problemas de salud es permanentemente abordada como algo atinente a la atención médica. Nunca se la piensa como el resultado de un proceso histórico de exclusión y saqueo, con un Estado ausente, cuando no cómplice.

El despojo no tardó en hacerse presente inmediatamente de comenzado el “descubrimiento” y la conquista a través del “Requerimiento de Palacios Rubio” [1], que continuó con el genocidio durante toda la conquista, situación que no cambió respecto a la ignorancia del otro (pueblos indígenas), durante el periodo de la independencia y de la organización nacional, una vez fracasado el proyecto de la “Patria Grande”.

Cada rincón de lo que con limitaciones llamaremos América Colonial Española, sufrió una manera particular de despojo y exterminio. Los Estados-Nación surgidos de la lucha por la independencia se pensaron a sí mismos a través de sus clases dominantes, como reflejo de la organización de los Estados Unidos de Norteamérica o de las metrópolis de los Estados Europeos, actuando en consecuencia en una guerra directa de exterminio o en un avance continuo sobre sus territorios. La primera forma tuvo su edad de oro a finales del siglo XIX y comienzos del XX; la segunda variante fue un proceso permanente que llegó a nuestros días, tomando en la actualidad un auge incontenible con el avance de la frontera agrícola y el agro-negocio, expresión actual de la distribución internacional del trabajo como metáfora privilegiada de la dominación. Esta última cuestión es la que afecta a las regiones del Chaco en general como eco región (Argentina, Bolivia y Paraguay) y al Chaco salteño al que haremos referencia de manera particular.

El convenio 169 de la OIT de 1989, ratificado por ley en Argentina en el 2000, y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional (modificada en 1994) [2], son normas suficientes para obligar acciones pro-activas por parte del Estado Nacional y de los Estados Provinciales en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, con participación directa de estos últimos.

En la realidad, la relación de los Estados (nacional y provincial) con los distintos pueblos originarios, sólo en muy contadas ocasiones estuvo direccionada a buscar soluciones a los graves problemas estructurales, con la participación efectiva de las comunidades afectadas.

El desmonte indiscriminado y el avance sojero es de larga data en manos de terratenientes locales. En el caso particular del Chaco salteño se talaron 1.200.0000 hectáreas, lo que ha ido arrinconando al pueblo wichi en las peores tierras, destruyendo toda posibilidad de autosustentabilidad, tanto por la  desaparición del monte como por el alejamiento de su otra fuente ancestral de provisión: el río.

Los alambrados privatizaron el monte y el río, y ni el Estado nacional ni el provincial generaron políticas que dieran cuenta de esta realidad, más allá de los programas de asistencialismo, que si bien actuaron como paliativos, cuando no se los acompaña de políticas activas y aceptables culturalmente, sólo aumentan la dependencia y la hegemonía del poder dominante, tanto en su expresión nacional como local.

La pobreza y la desnutrición en los pueblos indígenas no se resuelven con medidas o acciones puramente técnicas, dirigidas a tratar las consecuencias y no sus causas. Para esto último, es de primordial importancia implementar políticas públicas ancladas en las necesidades concretas y reales expresadas por las propias comunidades de estos pueblos. De lo contrario, sólo aumentaremos su exclusión y promoveremos su paulatina extinción.

Aquí resulta imprescindible hacer una pequeña digresión sobre la atención del proceso salud-enfermedad, ya que no es posible una acción étnica y culturalmente aceptable si no se reconoce y respeta al otro como sujeto de derecho, aun reconociendo en esta expresión un sesgo de la cultura dominante.

Resulta necesario conocer en profundidad la cosmovisión de estos pueblos, para comprender en toda su complejidad la concepción que del proceso salud-enfermedad tienen, como fenómeno integral de sus vidas. Para esto resulta importante, además, tomar contacto con la realidad material en la que estos pueblos viven. Por ejemplo, ignorar que obtener agua segura para la mayoría de estas comunidades constituye una fantasía tan lejana a su hacer cotidiano como viajar en avión, nos puede hacer creer que el tratamiento de la diarrea o la deshidratación será un problema médico de orden técnico (consecuencia) y no que el problema real es la ausencia de agua segura como un hecho social y político (causa).

 

 

Nada de lo aquí expresado pretende minimizar la importancia de la atención médica de los procesos patológicos, sino poner en evidencia que nunca podrá lograrse un efecto positivo y duradero si no se atacan las causas que llevan a la pérdida de la salud, expresado siempre en términos culturalmente aceptables. No debemos confundir esta expresión con el relativismo cultural, sino por el contrario como respeto por la diferencia en lo particular en el marco de la igualdad universal de lo humano.

Basta saber que, para los pueblos indígenas, sin territorio propio no hay buen vivir ni salud posible.

 

 

 

 

 

* Médico, Magíster en Ética Aplicada, Universidad Nacional de Lanús

 

[1] Juan López de Palacios Rubio; jurista español, autor del texto en 1512, conocido como Requerimiento que debía ser leído por el conquistador a los indígenas para su sometimiento a la Corona.

[2] CN, Art.75 inc.17: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto por su identidad  y el derecho a una educación bilingüe y cultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguno de ellos será enajenable, transmisible ni susceptible de gravamen o embargo”.

 

 

 

 

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