Un actor político fundamental

 

¿Por qué es imprescindible poner foco en las MiPyMEs? Para responder más allá de cualquier discurso, recurro a los datos publicados por el Registro MiPyME que agrupa a las sociedades, cooperativas, autónomos y monotributistas que realizan actividades comerciales, de servicios y productivas en el país y que hayan obtenido al menos una vez la acreditación de la condición MiPyME mediante el certificado correspondiente. El registro incluye tanto a contribuyentes empleadores como a un número significativo de no empleadores. La inscripción es voluntaria, por lo tanto no tiene una cobertura total sobre el universo de contribuyentes.

La base de datos contiene un total aproximado de 2,4 millones de registros, de los cuales los registros vencidos totalizan alrededor de 1 millón. Seguidamente se muestran los valores que corresponden a los registros vigentes a la fecha de publicación.

 

 

Los datos correspondientes a los registros vigentes de monotributistas y autónomos y los de sociedades MiPyMEs, con aperturas por tamaño y sector de actividad, se muestran en las tablas al final de este artículo. En el caso de las sociedades se agregó además la distribución de datos por provincia y por región.

Reitero que al ser este registro de carácter voluntario existen MiPyMEs no contempladas, pese a lo cual los valores mostrados poseen buena representatividad de un universo total que posiblemente supere los 2 millones de integrantes.

Lamentablemente el registro no informa sobre la cantidad de puestos de trabajo generados por las sociedades MiPyME, que se estima en el 64% del empleo registrado, pero que sería importante disponer en modo fidedigno y con mayor detalle.

De cualquier forma, los números incluidos son suficientes para demostrar fehacientemente que el desarrollo nacional es impensable sin la contribución de las MiPyMEs en todas y cada una de las actividades de la producción, la construcción, el comercio y los servicios.

 

Requisitos para el desarrollo MiPyME

El desarrollo MiPyME tiene dos requisitos indispensables para su concreción: el primero es que las autoridades gubernamentales que en cada momento rijan la vida nacional reconozcan como política de Estado de carácter permanente las legítimas prioridades enunciadas por el sector; el segundo, que en cada partido político argentino el sector MiPyME se encuentre representado con carácter de actor político en la misma mesa y con igual peso que el de quienes definan los lineamientos partidarios; como consecuencia de esta participación, representantes designados por el sector MiPyME deberían integrar la estructura del PEN que corresponda a cada período presidencial.

Las prioridades fueron oportunamente planteadas en la carta abierta del Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M) dirigida a todos los y las diputados y senadores nacionales el pasado 10 de enero, mientras que el segundo requisito fue objeto de la nota dirigida por el MP25M al presidente del Congreso del PJ realizado el 22 de marzo, en la que se plantea la necesidad de dar centralidad al binomio producción y trabajo y dar participación a sus representantes en la elaboración de las políticas y las propuestas del partido. En lo personal creo necesario que ese mismo pedido debería ser formulado a la totalidad de los partidos políticos que actúan en la Argentina.

 

Las prioridades existentes

Transcribo textualmente las prioridades enunciadas por el MP25M en su nota a los diputados y senadores nacionales:

• Aumentar el consumo a través de mejoras salariales, empleo digno, distribución equitativa del ingreso y control de los precios de los alimentos en lugar de restringir los derechos de los trabajadores, quebrar MiPyMes y cancelar matrículas de cooperativas.
• Proteger la producción nacional y administrar el comercio internacional en lugar de permitir el dumping, el contrabando, la triangulación, la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones.
• Fomentar la actividad productiva y promover la inversión y el acceso a capital de trabajo en lugar de alentar la especulación financiera.
• Propender al acceso a los insumos difundidos en condiciones competitivas en lugar de amparar posiciones dominantes y prácticas monopólicas que ahogan la producción y el empleo.
• Impulsar la provisión de energía suficiente con autonomía y con tarifas pagables en todo el territorio nacional en lugar de instaurar un sistema tarifario que impida el desarrollo de la industria y la producción de escala MiPyMe.
• Defender la soberanía plena sobre el territorio, el mar y el espacio argentinos y cuidar nuestros recursos naturales, tendiendo a su extracción sostenible y a una industrialización que adopte criterios de la economía verde y la economía circular en lugar de propiciar el extractivismo dirigido a la exportación de materias primas sin agregación de valor.
• Facilitar el desarrollo científico y tecnológico propio con la participación decidida del Estado en articulación con el sector privado y promover la extensión del conocimiento adquirido y su aplicación productiva concreta en lugar de expulsar científicos y eliminar presupuestos destinados a la investigación.
• Hacer valer la igualdad de género, la inclusión de los colectivos desaventajados y las personas con discapacidades, el reconocimiento definitivo de los pueblos originarios y su cultura en lugar de imponer normas y costumbres discriminatorias.

 

Hacia un programa sostenido e inclusivo

A continuación intento de avanzar en el diagnóstico y las medidas que darían mayor contenido a las prioridades arriba mencionadas para las MiPyMeS, que deberían extenderse a los demás actores de la producción de bienes y servicios para que el sector productivo adquiera la debida centralidad en un futuro programa de desarrollo nacional.

 

El aumento del consumo interno

A sólo cuatro meses del actual gobierno y como producto de sus políticas sufrimos una caída del consumo interno que representa un 70% del PBI, del 22,1% interanual, con caídas pico del 32% en insumos de construcción, 30% en las ventas de indumentaria y de automóviles, 13% en farmacias y 10% en supermercados. La situación del consumo de alimentos queda demostrada por la caída en las ventas de carne en el mercado interno, que muestra para el primer trimestre de este año el menor nivel desde 1996.

Esta situación es producto del desquicio de una política económica que combina una brutal caída de los ingresos de los jubilados y de los salarios con una inflación interanual del 287,9%, que resulta en una caída del poder de compra de los salarios formales del 23,9% desde noviembre del año pasado, con valores que ya rozan los mínimos históricos registrados hacia el final de la convertibilidad. Completando el desquicio, el Presidente Milei acaba de calificar como héroes a los empresarios que evaden sus obligaciones fiscales y fugan sus beneficios al exterior.

La única solución efectiva para mejorar el consumo del mercado interno es la reversión completa de las actuales políticas económicas, en especial las que se destinaron a alcanzar un artificioso e inestable eliminación del déficit fiscal mediante la combinación de la reducción de las jubilaciones, del presupuesto en salud, educación, asistencia y de la obra pública con el diferimiento del pago de las importaciones. Dicha reversión puede ser fuertemente complementada con la eliminación del déficit fiscal mediante la reducción de la enorme informalidad económica, hoy alentada desde la propia presidencia de la república en beneficio de los poderes económicos concentrados, que aparecen como exclusivos beneficiarios de sus políticas. La eliminación del déficit deben pagarla los que tienen esa capacidad pero no se hacen cargo.

En lo inmediato sólo cabe lograr el rechazo al DNU 70/2023 y del proyecto de ley de bases de reforma económica y mantener el aumento de la protesta social, que se inició con el paro de actividades del 24 de enero y las diferentes movilizaciones que se vienen realizando a lo largo y ancho del país, que continuarán con la del Día del Trabajador el 1º de mayo y el paro general de actividades de la CGT y las CTA del 9 de mayo. Rechazos que podrían significar un punto de inflexión para las actuales políticas contrarias al bien común del conjunto de la sociedad.

Producido ese punto de inflexión, la solución de fondo implica la recuperación y mejora de los ingresos de jubilados y de los trabajadores registrados y no registrados. Producción y trabajo digno y bien remunerado constituyen un binomio inseparable.

 

La protección del mercado nacional

A la luz de la situación presente del mercado interno y de las actuales políticas de completa liberalización económica, y si bien la actual escasez de divisas proporciona por el momento una relativa protección, las políticas de liberalización de precios en el mercado doméstico requerirán de un importante replanteo que defina medidas efectivas a ser puestas en marcha por un próximo gobierno.

En estas circunstancias sólo cabe señalar la imperiosa necesidad de que esas políticas equilibren un nivel de protección efectiva, que por una parte faciliten el desarrollo de las actividades productivas y, por otra, no atenten contra el consumo de los sectores populares ni constituyan un aliciente contra una continua mejora de la competitividad de esas mismas actividades.

La necesidad de este balance explica acabadamente el pedido del MP25M de tener un lugar permanente en la mesa en que se establezcan estas y otras las políticas gubernamentales.

 

La promoción de las inversiones

La situación presente demuestra los efectos de las actuales políticas; las desinversiones que amenazan a la producción siderúrgica y a la industria automotriz son sólo la punta del iceberg de un retroceso que viene afectando al conjunto de la producción de la Argentina y muy en especial a las MiPyMEs.

La definición de las futuras políticas a seguir en la materia deberá comenzar por un importante debate sobre sus lineamientos, en especial para definir la conveniencia de combinar una política de promoción de carácter general con políticas de carácter específico para ciertas actividades que se definan como estratégicas.

Tanto para las políticas generales como para las específicas también será imprescindible definir su contenido, incluyendo medidas de acceso al crédito, beneficios impositivos, de protección temporaria al consumo doméstico, promoción de las exportaciones, entre otras; asimismo será necesario establecer el alcance temporal de las promociones de modo que sirvan para generar nuevas actividades o mejorar el desempeño de las ya existentes, pero que a su vez evite que la promoción se convierta en una carga fiscal permanente que impida el acceso de ese beneficio a las nuevas necesidades que continuamente plantea el desarrollo.

Estas definiciones también implican la necesidad de participación de representantes de las MiPyMEs como actores políticos permanentes en la mesa de las decisiones.

  

La competitividad de los insumos difundidos

La estructura económica argentina se caracteriza por una concentración fuertemente oligopólica, cuando no directamente monopólica, en la producción de los insumos difundidos (acero, aluminio y polímeros en sus formas primarias) que constituyen el inicio y/o poseen una fuerte incidencia en los costos de las diversas cadenas productivas de la industria nacional.

La estructura concentrada de las producciones de insumos difundidos es aprovechada por las empresas para establecer en el mercado interno precios superiores a los que rigen en los países donde exportan esas mismas empresas; la situación resulta en la falta de una adecuada competitividad de nuestras cadenas productivas industriales y agroindustriales, y en la consecuente debilidad exportadora de nuestro país en los productos de mayor valor agregado.

El abuso de la posición dominante no sólo es de vieja data, sino que además no fue adecuadamente combatido por los distintos gobiernos que se sucedieron desde los últimos 30 años.

La concentración económica también se refleja en la elevada informalidad económica que aqueja a nuestro país y la consecuente fuga de capitales. La solución de esta estructura perversa requerirá una fuerte acumulación de poder político que permita doblegar estas prácticas corrientes de las empresas monopólicas u oligopólicas, que incluyen no sólo a los productores de insumos difundidos, sino también a las producciones de alimentos y a las exportaciones de granos.

 

La provisión de energía

Los incrementos que se vienen produciendo en los precios de los servicios públicos como consecuencia de la eliminación de los subsidios preexistentes alcanzan tasas estratosféricas del 300% e inclusive superiores que ponen en jaque al conjunto de la población y a las empresas, en especial a las MiPyMEs; estos incrementos a los que por añadidura se agrega la reducción de los ingresos populares atentan contra el nivel del consumo en el mercado interno.

La problemática no es exclusiva de las tarifas de servicios públicos, sino que también abarca a la producción de combustibles, al punto que sus precios internos resultan inclusive superiores a los que rigen en países que no poseen los recursos energéticos que si posee la Argentina.

Con las políticas del actual gobierno, los precios del abastecimiento energético parecen replicar la situación que rige en el abastecimiento de los insumos difundidos, con precios que no parecen responder a la estructura de costos y a un margen razonable de ganancias.

Las soluciones requeridas deberán incluir un acabado análisis de los costos de las diferentes producciones y distribuciones de los diferentes bienes y servicios energéticos, así como un análisis comparativo de los subsidios existentes no sólo en nuestra región sino también en los países desarrollados. Los subsidios que se reestablezcan por añadidura deberían asignarse de modo que respondan a las reales capacidades de pago, tanto de los consumidores domésticos como los empresarios y en especial los productivos.

 

La defensa de la soberanía

El actual gobierno ha puesto en crisis a todos y a cada uno de los temas que integran la cuestión de la soberanía nacional.

El reclamo permanente de nuestro país por la recuperación de las islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur usurpadas por el Reino Unido, que venía siendo considerado como una cuestión de Estado sostenida por todos los gobiernos, ha sido virtualmente eliminado por el gobierno de Milei con el pedido de incorporación a la OTAN, organización que en los hechos viene respaldando la usurpación de las islas, al punto de tener instalada una base militar en Malvinas.

Lo mismo ocurre con la defensa de nuestro medio ambiente, de nuestros recursos naturales, incluyendo las fuentes de agua dulce, los minerales estratégicos (litio, cobre y otros) a los que el gobierno ha renunciado con el DNU 70/2003, en especial con la modificación de la ley de tierras que elimina las restricciones a su propiedad por parte de extranjeros y las demás restricciones contempladas por esa ley. Una cautelar de la Justicia ha suspendido temporalmente los cambios a la ley de tierras del DNU 70, aunque la cuestión de fondo sigue pendiente de una resolución definitiva. La anulación del DNU resulta prioritaria.

El ataque gubernamental a la soberanía cultural argentina también ha quedado al desnudo con el desfinanciamiento de la educación, incluyendo la universitaria, así como del cine, el teatro y demás actividades que hacen a nuestra cultura, como lo demuestran el ataque gubernamental al INCAA y demás organismos que venían contribuyendo al desarrollo de las producciones culturales.

Todo ello deberá ser revertido a la mayor brevedad posible, si fuera posible a través de la acción parlamentaria y sin esperar a la aparición de un nuevo gobierno.

 

El desarrollo científico y tecnológico

Este componente indispensable para un desarrollo competitivo de todas y cada una de las producciones de bienes y servicios en nuestro país se encuentra bajo el ataque del actual gobierno mediante el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología, que incluye no sólo el ataque al CONICET sino también a las investigaciones científicas y tecnológicas que llevan adelante las universidades públicas.

Estas políticas incentivan la emigración de nuestros científicos y ponen en riesgo a largo plazo a nuestro desarrollo; la presente postura gubernamental conduce inevitablemente a una estructura productiva completamente primarizada y dependiente del agregado de valor que se produzca en otros países y que desincentiva la generación de empleos bien remunerados y de calidad.

Las actuales políticas deben ser revertidas a la mayor brevedad posible, tomando además en consideración las necesidades científicas y tecnológicas de los diversos sectores productivos, en especial las que corresponden a las MiPyMEs.

 

La igualdad de género

Aunque en modo no explícito, este aspecto trasversal a todos los de la vida y del desarrollo social de nuestro país viene siendo desconocido por la actual gestión, que además intenta mantener la cuestión fuera de agenda. El propio Milei lo ha demostrado con sus malos tratos a Estela de Carlotto y a las Abuelas de Plaza de Mayo, a diversas periodistas y a su propia maestra de la infancia toda vez que recibió reclamos u objeciones por sus políticas.

El intento de mantener fuera de agenda los temas de género encuentra explicación en las movilizaciones masivas del movimiento feminista, que junto a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales encabezan la oposición al actual gobierno. La activa participación feminista también se refleja en las actividades del MP25M, tanto en sus dirigencias empresariales y de cooperativas MiPyME como en las respectivas dirigencias de sus movimientos, incluyendo las que corresponden a los demás actores de la economía popular. Esa participación asegura que las problemáticas de género estarán horizontalmente presentes en todas y en cada una las propuestas de las MiPyMEs.

 

Conclusiones preliminares

A las prioridades enunciadas por el MP25M debería agregarse otra que asigne prioridad a un mayor equilibrio federal del desarrollo productivo; los valores de cantidades de empresas según las regiones económicas de nuestro país, que se muestran en las líneas inferiores del cuadro al final de esta nota, ponen de manifiesto la enorme concentración empresarial que beneficia a la región central, con un 80,23% del total de empresas, en detrimento de las demás regiones.

La segunda conclusión consiste en la necesidad de profundizar los diagnósticos y los aportes para cada uno de los temas prioritarios, incluyendo su diferenciación según tamaño de empresa, contemplando además las particularidades de cada sector de actividad y cada localización. Es necesario evitar generalizaciones que resten valor y posibilidades de éxito a las políticas que se propongan.

A pesar de la generalidad de los diagnósticos y aportes de este trabajo, creo que resultan suficientes como para demostrar la necesidad de que las futuras políticas para el desarrollo económico y social de nuestro país otorguen prioridad a los objetivos de una producción y trabajo digno en un marco de creciente soberanía nacional; también que para lograr el cumplimiento efectivo de esas prioridades los actores políticos del movimiento MiPyME deben tener un lugar igualitario en las mesas en que se deciden las políticas nacionales y, en consecuencia, que sus representantes tengan la debida participación en las estructuras del PEN de cada período presidencial.

 

 

 

 

 

 

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