PLAN DE GOBIERNO Y PRESUPUESTO

Hay que declarar la emergencia cambiaria para que no se esfumen los dólares del comercio exterior

 

La crítica que hacen los grandes medios de comunicación y el poder económico real del país al gobierno nacional es que no tiene un plan. La planificación debe preceder y presidir las acciones de un gobierno. Significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática; explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si las acciones realizadas hoy son eficaces o ineficaces.

El equipo de Economía y su Ministro tenían un plan, cuya base y punto de partida consistía en lograr que los acreedores de la deuda externa dejada por el gobierno anterior acepten canjear sus títulos por otros, con un período de gracia importante en la amortización del capital y una fuerte reducción en la tasa de interés. Ese objetivo fue alcanzado plenamente, se canjearon los títulos de deuda por otros que comienzan a amortizar el capital muy parcialmente en el segundo semestre de 2014 y la tasa de interés promedio es del 3,05% anual.

El plan continuaba con emplear los recursos del Estado para hacer obra pública, esencialmente vivienda, e impulsar la demanda agregada mediante sistemáticos incrementos en los salarios y del empleo. Pero la pandemia y la larga cuarentena obligada por el Covid-19 trastocó todo. Se tuvo que hacer frente a una fuerte reconversión del gasto público para proveer de instrumentos, medios y equipos a los hospitales y programas de salud, mientras que paralelamente se asistía a la población y a la producción con planes sociales como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción).

El plan original del Ministerio de Economía consistía en que al pagar solamente los intereses de la deuda se contaba con suficientes recursos fiscales. Pero por hacer frente al Covid-19, hasta septiembre 2020, un tercio del gasto público es déficit fiscal, que además obligó a financiarlo con emisión monetaria y con colocación de nuevos títulos de deuda en el mercado local, ante la brutal caída del nivel de actividad y, con ella, de la recaudación tributaria. Dado que, en la Argentina post Macri, los impuestos ligados al consumo representan más del 70% de todos los gravámenes tanto nacionales como provinciales, el gobierno nacional debió asistir a las provincias y municipios del país.

El punto fuerte de la Argentina es su mercado interno, nuestro país crece si crece  el consumo de la población, que debe ser apuntalado por una política de sustitución de importaciones a como dé lugar, tanto de máquinas y equipos como insumos que no producimos en cantidad suficiente y en la provisión de petróleo y gas.

Paralelamente, al producir alimentos y dados los buenos precios internacionales (por ejemplo, la tonelada de soja se vende a fines de octubre 2020 en el mercado de Chicago arriba de los 400 dólares y la tonelada de aceite de soja cerca de los 800 dólares), hace que el IERAL (Instituto de Estudio de la Fundación Mediterránea) estime que la cosecha 2020/21 tendría un valor de mercado de entre 33,0 mil millones y 39,9 mil millones de dólares. Esto asegura el superávit comercial proyectado por el Ministerio de Economía para el año entrante de exportaciones de bienes y servicios por 74.432 millones de dólares, con un crecimiento de 11,9% respecto del año 2020. En tanto, las importaciones de bienes y servicios se estiman en 59.346 millones de dólares, que implicaría un crecimiento de 20,4% interanual. Este escenario asume, de manera implícita, una recuperación del comercio exterior ante la reactivación económica mundial y doméstica tras la pandemia, que a su vez ayudaría a mantener crecientes los precios de los principales productos de exportación. El saldo comercial que se espera es de 15.086 millones de dólares, fundamentalmente explicado por la balanza de bienes, mientras que los servicios permanecerían levemente deficitarios.

Quiere decir que con la política cambiaria oficial de ajustar el valor del dólar al incremento de los costos internos es suficiente para garantizar un fuerte superávit comercial, de hecho el dólar oficial del viernes 30 de octubre de $ 83,90 se acrecentó en un 40% con respecto al precio del dólar oficial del último día hábil de diciembre de 2019 que fue de $ 59,90.

También quiere decir que el país sufrió y sufre la presión devaluacionista de los que fugaron capitales y solo traerían una parte a un mayor precio, para comprar por la mitad lo que vale el doble. Marco que también le es propicio a los exportadores, dado que de devaluar nuestra moneda, ellos recibirían más pesos por cada divisa que obtengan de sus ventas externas.

El mérito del Presupuesto Nacional 2021 es que demuestra que no se necesita devaluar nuestra moneda para lograr el marco externo favorable para que la Argentina vuelva a crecer. De allí la firmeza de estimar el valor del dólar en $ 102,40 para diciembre del año que viene, al ser la política cambiaria consistente con el objetivo de acrecentar las exportaciones y del superávit comercial esperado y al no tener que afrontar el pago del capital de la deuda. De hecho, los intereses en términos nominales para 2021 son menores que lo que se pagó en 2020 (disminuye la partida para el pago de deuda, que pasa a ser solo el 1,76% del PIB, contra 2,46% que es este año y 4,33% del PIB en 2019).

También en el Presupuesto 2021 se estima que la economía crecería en un 5,5% (y este año 2020 cae en un 12,1% que es una de las depresiones más grandes de las que se tenga registro) y que la inversión interna bruta fija crecería un 18,1% (y este año desciende en un 25,6%) y, el consumo crece como crece el PIB, todos datos y proyecciones que son más que factibles. Un país que logra un superávit comercial en torno a los 15.000 millones de dólares anuales, cuando en la gestión de Macri se fugaron 86.200 millones de dólares en cuatro años, no tiene problemas de ahorro para financiar la inversión que necesita.

El Presupuesto 2021 representa la hoja de ruta para las políticas públicas necesarias para sentar bases para un crecimiento sostenible a partir del desendeudamiento del Estado nacional, la definición de un sendero de disminución de déficit fiscal en el mediano plazo, el fortalecimiento del mercado interno y la realización de imprescindibles obras de infraestructura, esencialmente el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. También son importantes los recursos que se destinan para la renovación y mejoramiento del ferrocarril en las líneas Roca, Belgrano Cargas, San Martín y Belgrano Sur; el Plan nacional de agua potable con el fin de contar con el 100% de cobertura en todo el país para el año 2030. Igual con el plan de obras viales en las principales rutas nacionales y obras energéticas, entre ellas el Gasoducto del NEA, que permitirá abastecer de gas a más de tres millones de personas en el nordeste argentino y, se continuará con el plan nuclear del Reactor RA-10 y la Central Nuclear de Energía CAREM, entre otras fuertes inversiones públicas.

El gasto social seguirá representando más del 60% del presupuesto nacional y se volverá a cumplir con las provincias y sus municipios, que se destine a la educación el 6% del PIB.

Se confía en que el aumento del nivel de actividad permitirá incrementar en forma más que proporcional los ingresos tributarios. Paralelamente, al tener que realizar menores gastos corrientes con respecto a este año 2020 por la pandemia del Covid-19, y el menor pago de los servicios de la deuda por los acuerdos arribados con los acreedores privados, sobre los cuales se pagarán solamente intereses, permitirá que en términos nominales el incremento del gasto sea menor que la inflación esperada y a su vez se incrementa en términos reales la recaudación. La combinación de ambas variables permite reducir fuertemente el déficit fiscal del año 2020 (en torno al 12% del PIB) para ser de un 4,5% del PIB, que es un porcentaje administrable y genera mejores condiciones para los presupuestos venideros.

 

 

El rol del Estado

El rol económico del Estado es hacer políticas públicas (el presupuesto es su guía de acción) pero también regular la economía, esto es, establecer las reglas de juego, decidir qué es lícito y qué es ilícito en la actividad económica en general y en la cambiaria y financiera en particular penando y castigando el delito,  máxime cuando el precio del dólar es una variable clara y fundamental en nuestro país y en las políticas públicas.

La difícil situación en que nos encontramos, con los niveles de pobreza, desocupación y padecimiento de todo tipo, mientras que hay una parte de la población que especula con el valor de nuestra moneda, debe ser solucionada de manera enérgica.

Para ello sostenemos que se debe declarar la Emergencia Cambiaria. El 10 de abril de 1964, mediante el Decreto 2581/64 se dispuso la obligatoriedad de ingresar al país y de negociar, en el mercado único de cambio, el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales. Mal o bien, con períodos en que se suspendía su aplicación, este sistema rigió durante 53 años, hasta que el Decreto 893/2017 en su artículo 1, deroga el Decreto 2581/64.

Paralelamente, la ley 27.541 denominada de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, no contempla el problema cambiario, por lo tanto se necesita ampliar la ley y declarar la emergencia cambiaria, para:

  1. Anular las Resoluciones de la Secretaria de Comercio Nº 262/2016 que le permite al exportador no ingresar las divisas al mercado de cambio local en un plazo de hasta cinco años y 47/2017 que extiende ese plazo a diez años; y derogar el Decreto Nº 893 por el cual establece que “desaparece cualquier obligatoriedad de ingreso de divisas” por exportaciones. Esto fue salvado por la Comunicación A 6770 del Banco Central emitida el 1° de septiembre de 2019, pero mientras rigieron se acumularon dólares que no ingresaron al país. No vamos a entrar en la controversia de si es un derecho adquirido, sí podemos agregar que en ese caso se debería plantear a qué tipo de cambio se liquida la operación de exportación: al tipo de cambio oficial en que realizaron la venta al exterior en los años 2016, 2017, 2018, hasta el 2 de septiembre de 2019, o a uno vigente. Gran parte de los exportadores tienen la administración de puertos en la llamada Hidrovía del Paraná, cuya concesión vence el 30 de abril de 2021 y un principio de acuerdo de partes es que ellos adelantan el plazo de la liquidación e ingresos de divisas de las exportaciones ya realizadas y el Estado argentino sabrá como ponderar ese gesto de alianza económica y social.
  2. Revisar, corregir y derogar según corresponda, toda la parafernalia de normas, decretos y resoluciones del gobierno anterior.
  3. Evitar a toda costa que el precio del dólar informal, blue, negro o como se lo quiera llamar incida sobre los precios. Para ello el Estado debe intervenir y castigar ese delito, utilizando el poder de policía financiera que tiene la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del Banco Central de la República (BCRA), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad, la Superintendencia la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que deben controlar y aplicar el poder de policía coordinado con uso de la fuerza pública en las inspecciones, que incluya el secuestro de los fondos que no tengan explicación contable o de origen y hasta la detención de los delincuentes.

En síntesis, si se hubiera detenido al primer peón que quemó un pastizal, este hubiera dicho quién lo envió y no hubiéramos tenido los incendios de nuestros campos y bosques como pasó. Se trata de intervenir ya y como sea. Eva Perón decía: donde hay una necesidad surge un derecho.

 

 

 

 

 

[1] Decreto N° 1053/18, han solicitado su adhesión las siguientes prestadoras del servicio de distribución de gas: 1) Naturgy BAN S.A.; 2) Metrogas S.A; 3) Camuzzi Gas Pampeana S.A.; 4) Camuzzi Gas del Sur S.A.; 5) Litoral Gas S.A.; 6) Gas Nea S.A.; 7) Gasnor S.A.; 8) Redengas S.A.; 9) Distribuidora de Gas del Centro S.A.; y 10) Distribuidora de Gas CuyanaS.A.

 

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11 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimado Horacio:
    Excelente análisis.
    Una humilde digresión, si me permite:
    La bajada de título me remite a los comentarios que realizara a los artículos “Dividir para reinar”, “La recomposición salarial”, “La fotografía inolvidable”, “Hablar con propiedad”, “Desdolarizar a ladrillazos” y “Derecho de propiedad y tierra pública” -por citar los últimos-, a los fines de no repetirme y por entender que son oportunos para reiterarlos en virtud de su artículo.

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