El proyecto de ley presentado por el gobierno nacional denominado "La inviolabilidad de la propiedad privada" choca con garantías constitucionales.

El proyecto del gobierno deteriora salarios, desarticula derechos laborales y sindicales, y debilita la negociación colectiva.

Si el Partido Justicialista no puede oponerse claramente a este modelo de destrucción, no puede liderar la oposición.

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